Este lunes, el Gobierno de Estados Unidos demandó a Adobe, acusando a la empresa de perjudicar a los consumidores al ocultar tarifas de cancelación en su plan de suscripción más popular y dificultar la anulación de suscripciones. La demanda fue presentada por la Comisión Federal de Comercio (FTC) en el tribunal federal de San José, California.
Según la FTC, Adobe oculta las tarifas de cancelación en letra pequeña y detrás de cuadros de texto e hipervínculos, haciendo que los consumidores no estén plenamente informados de los costos. La denuncia especifica que Adobe cobra el 50% de los pagos restantes como tarifa de cancelación anticipada cuando los usuarios cancelan durante el primer año de su plan «anual pagado mensualmente».
La FTC también criticó las prácticas de Adobe para la cancelación de suscripciones, señalando que los usuarios que intentan cancelar en línea deben navegar por múltiples páginas, y aquellos que llaman por teléfono a menudo enfrentan desconexiones, repiten información a varios representantes y experimentan «resistencia y demora» por parte de estos representantes.
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Adobe, cuya sede está en San José, no ha respondido a las solicitudes de comentarios. En diciembre, la empresa declaró que estaba cooperando con una investigación de la FTC sobre sus modelos de suscripción.
Los ingresos por suscripciones de Adobe alcanzaron 4,920 millones de dólares, representando el 95% de los 5,180 millones de dólares de ingresos totales en el trimestre que finalizó el 1 de marzo.
La FTC acusa a Adobe de violar la Ley de Restauración de la Confianza de los Compradores en Línea de 2010, que exige a los comerciantes revelar claramente los términos materiales y obtener el consentimiento informado de los consumidores antes de imponer cargos por renovaciones automáticas de suscripciones. La demanda busca imponer sanciones civiles, una orden judicial para prevenir futuras infracciones y otras soluciones.
Esta acción legal destaca la importancia de la transparencia en los modelos de suscripción y subraya las posibles consecuencias para las empresas que no cumplan con las normativas de protección al consumidor.
