Una de las principales barreras para las personas trans que buscan una cirugía de reasignación de género son los altos costos del procedimiento. De acuerdo con la plataforma de turismo médico Bookimed, las cirugías de masculinización oscilan entre 4 mil y 10 mil dólares, mientras que los procesos de feminización pueden ir de 6 mil 400 a 30 mil dólares.
A ello se suma la evaluación preoperatoria, que según la Mayo Clinic incluye revisión de antecedentes médicos y familiares, evaluación psicológica, análisis de laboratorio, revisión de terapia hormonal y estudios para detectar enfermedades, incluidas las de transmisión sexual. Considerando estos gastos adicionales, el desembolso puede alcanzar cerca de medio millón de pesos.
Ante ese panorama, una alternativa para quienes buscan una opción más económica es viajar a Irán, donde el proceso y el documento oficial que valida el cambio de género cuestan alrededor de 4 mil 500 dólares, de acuerdo con el sitio IranMedTour. Incluso con gastos adicionales, el monto total resulta inferior al costo de un automóvil nuevo en México.
No obstante, organizaciones como la International Gay and Lesbian Human Rights Commission han alertado sobre la baja calidad en algunas cirugías, señalando la reputación negativa de médicos que han sido descritos como “carniceros”, debido a intervenciones que han resultado en daños físicos.
La razón detrás de los costos reducidos está vinculada con la política del gobierno iraní, que obliga a las personas trans a someterse a cirugía para reconocer legalmente su identidad. Quienes no cumplen pueden enfrentar castigos físicos e incluso la muerte, situación que también afecta a personas homosexuales que no desean modificar su anatomía.
Irán también impulsa este tipo de procedimientos por motivos económicos. El país busca generar más de 7 millones de dólares anuales mediante el turismo médico, siendo la comunidad trans uno de los sectores con mayor crecimiento.
Esta situación genera un dilema para personas trans que buscan una transición accesible: acudir a un país donde el costo es menor, aun cuando su decisión pueda contribuir económicamente a un Estado con políticas que vulneran los derechos de la comunidad LGBT+.
