Senadoras de la República recibieron de diputadas federales la minuta denominada “3 de 3”, la cual busca suspender el derecho para ocupar cargos en el servicio público o ser postulado y ocupar cargos de representación popular, a quienes que hayan ejercido violencia política o sexual contra mujeres, o sea deudor alimentario.
De aprobarse la propuesta, perderán el derecho a ocupar cargos públicos o ser postulados a cargos de elección popular y a ocuparlos, quienes tengan sentencias definitivas por agresiones sexuales, hayan sido sancionados por violencia política en razón de género o que hayan sido declarados como deudores alimentarios o morosos.
La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseveró que este producto legislativo es relevante para la vida pública de México, pues con ella se les manda un mensaje a las personas violentadoras, abusadoras sexuales o deudoras alimentarias, y “nunca más el Estado mexicano las aceptará como representantes populares”.
A su vez, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, aseveró que las mujeres legisladoras siempre cierran filas cuando se trata de la defensa de sus derechos, pues “estamos cerrando la brecha de desigualdad para acceder al ejercicio del poder político y público”.
Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Salud del Senado, asentó que esta reforma llega en un momento adecuado, ya que la violencia política contra las mujeres continúa, así como la física, verbal, psicológica, económica y sexual, por lo que la propuesta ayudará a frenar la violencia contra este sector.
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La senadora Marybel Villegas Canché, de Morena, dijo que las mujeres tienen la gran responsabilidad de allanar el camino para las futuras generaciones. Además, afirmó que en el Senado cerrarán filas para la aprobación de esta reforma y todas las que surjan en el mismo sentido.
En tanto, la vicecoordinadora de la bancada de Morena en la colegisladora, Aleida Alavez Ruiz, afirmó que en la Cámara de Diputados asumieron la responsabilidad de construir nuevas estructuras jurídicas para impulsar la transformación del régimen, por lo que “este es un mensaje social muy claro, ninguna persona agresora tendrá cabida ni en este ni en otro gobierno”.
A su vez, Marcela Guerra Castillo, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, subrayó que esta propuesta marcará un precedente, no sólo en Latinoamérica, sino en el mundo, ya que, al crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles, nuestro país será más reconocido en esta materia.
En este evento también participaron las diputadas Salma Luévano Luna, Marisol García Segura y Julieta Kristal Vences Valencia, de Morena; Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del PRI; Amalia García y Mirza Flores, de Movimiento Ciudadano; y María Rosete, del PT.
