El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que existen «intereses politiqueros» en torno al caso Ayotzinapa, acusando a ciertos sectores de utilizar el incidente para obtener beneficios políticos. En un intento por abordar el asunto directamente con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos desde septiembre de 2014, López Obrador ha propuesto una reunión privada, sin la presencia de abogados ni asesores, aunque ha indicado que está dispuesto a reunirse con ellos independientemente de sus condiciones.
El mandatario expresó su preocupación por el uso político del caso en el contexto electoral y reiteró su compromiso con la búsqueda de los estudiantes, señalando avances en las investigaciones. Además, criticó a las organizaciones de derechos humanos y abogados vinculados al caso, acusándolos de obstruir el proceso y beneficiarse del dolor humano.
López Obrador también mencionó su disposición a reunirse con Cecilia Flores, miembro del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, aunque sugirió que el encuentro se llevaría a cabo después de las elecciones para evitar politización del asunto. Este enfoque del presidente hacia el caso Ayotzinapa refleja la tensión entre la administración y algunos sectores de la sociedad civil, así como la complejidad de abordar casos de desaparición forzada en un clima político cargado.
