Desde el inicio de la invasión, la Oficina del Alto Comisionado personal logró verificar más de 8400 muertes de civiles y más de 14.000 heridos. La mayoría de estas víctimas se produjo por el lanzamiento por parte de las fuerzas rusas de artillería de gran impacto en barrio residenciales.
Entre las múltiples violaciones a los derechos humanos detectadas, Türk constató “numerosas ejecuciones sumarias y ataques selectivos contra civiles”, 621 casos de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias y que la mayoría de los 89 civiles liberados entrevistados fueron torturados o maltratados por personal ruso. Los 109 casos de violencia sexual por efectivos rusos se produjeron en centros de detención.
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A estas vulneraciones, añadió que un número indeterminado de civiles ucranianos fueron trasladados a territorio ocupado o a la Federación Rusa. Entre ellos, niños y adultos alojados en centros de asistencia social, así como niños no acompañados que vivían en zonas de Ucrania ocupadas o controladas temporalmente por las fuerzas rusas.
“Estos traslados pueden constituir violaciones del artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe los traslados forzosos a territorio ocupado, o las deportaciones a cualquier otro país, independientemente de su motivo”, destacó.
