Una investigación periodística publicada por Puente News Collaborative y el diario Los Angeles Times señala que autoridades de Estados Unidos mantienen investigaciones relacionadas con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.
De acuerdo con los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum, Durazo, de 71 años, sería uno de los funcionarios mexicanos de más alto perfil que presuntamente se encuentran bajo investigación por parte de autoridades estadounidenses.
El reportaje sostiene que la visa estadounidense del mandatario sonorense habría sido cancelada el año pasado y que actualmente es investigado por supuestos vínculos con el crimen organizado. Los autores recuerdan que Durazo se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Según fuentes citadas por los periodistas, aunque al gobernador le fue negada una visa, continúa ingresando a territorio estadounidense para recibir atención médica mediante un mecanismo especial conocido como Significant Public Benefit Parole.
El reportaje explica que este programa permite el ingreso temporal de personas no ciudadanas cuya presencia es considerada de beneficio significativo para la seguridad pública estadounidense. Fisher y Linthicum señalan que la oficina del gobernador Durazo no respondió a solicitudes de comentarios sobre el tema.
En el caso del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, la investigación estaría relacionada con presuntas actividades vinculadas al tráfico ilegal de combustibles, conocido como huachicol.
Las fuentes consultadas por los reporteros afirmaron que Villarreal también contaría con un permiso bajo el esquema Significant Public Benefit Parole y que, durante sus ingresos a Estados Unidos, sería acompañado por autoridades estadounidenses. En respuesta a estos señalamientos, el mandatario tamaulipeco rechazó las acusaciones y aseguró a los periodistas que son falsas.
La investigación también hace referencia al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Los reporteros explican que un gran jurado en Nueva York habría emitido una acusación en su contra, situación que derivó en una solicitud de extradición por parte del gobierno estadounidense.
El trabajo periodístico señala además que la presidenta Claudia Sheinbaum ha desestimado previamente las acusaciones contra Rocha Moya, calificándolas como una campaña de difamación con motivaciones políticas.
Asimismo, los autores reportan que durante una reunión celebrada en mayo entre Sheinbaum y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin, el funcionario estadounidense habría expresado el interés de su gobierno en que Rocha Moya fuera enviado a Estados Unidos. Según el reportaje, la mandataria mexicana respondió que cualquier determinación sobre el gobernador sinaloense corresponde a las instituciones mexicanas y advirtió que nuevas acusaciones contra funcionarios electos podrían interpretarse como una intervención en asuntos internos del país.
Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera pública documentos judiciales ni comunicados oficiales de autoridades estadounidenses que confirmen las investigaciones referidas en el reportaje.
