A fin de establecer como amenazas a la seguridad nacional los actos tendentes a acceder, conocer, obtener, difundir, copiar o utilizar información, modificar, destruir, ocasionar pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, el diputado Humberto Coss y León Zúñiga (Morena) presentó iniciativa que adiciona el artículo 5° de la Ley de Seguridad Nacional.
El documento, enviado a la Comisión de Seguridad Ciudadana, refiere que, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México y la American Chamber, México se ha convertido en objetivo para los ciberataques; entre 2021 y 2022, padeció el 66 por ciento de los ocurridos en América Latina, lo que provocó pérdidas de entre tres mil y cinco mil millones de dólares anuales.
Destaca la importancia de tomar medidas para prevenir y combatir esos actos, lo que incluye la promulgación de leyes y políticas adecuadas para proteger la seguridad de los sistemas de información, y la cooperación entre los sectores público y privado, así como desarrollar políticas claras y coherentes en materia de ciberseguridad y trabajar en estrecha colaboración con el sector privado para garantizar la protección efectiva de los sistemas críticos y los datos confidenciales.
Expresa que México cuenta con instrumentos normativos que, partiendo del marco constitucional, regulan los aspectos esenciales que permiten a los poderes del Estado cumplir sus obligaciones en materia de seguridad.
Reconoce que, aun cuando las instituciones del Estado cuentan con sistemas de ciberseguridad para protegerse de ese tipo de ataques, existen intrusiones recurrentes a dichos sistemas, lo que puede constituir en afectaciones a la seguridad nacional.
Señala que el marco normativo nacional no contempla actos que busquen destruir o provocar pérdidas de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado protegidos con algún mecanismo de seguridad, lo que vulnera las capacidades del Estado en el ejercicio de sus funciones y que se podrían considerar como amenazas a la seguridad nacional.
Agrega que informes divulgados a través de la plataforma de transparencia revelan que Petróleos Mexicanos, Presidencia de la República y la Secretaría de Educación Pública son los entes públicos con mayor número de ciberataques, pues hasta 2021 esas instituciones registraron más de 128 millones, 78 millones y 3 millones de ataques, respectivamente.
También, el Instituto Nacional Electoral, con dos millones 968 mil 244 ataques, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 312 mil 716, Banxico 17 mil 669, Secretaría de Salud 14 mil 742, Secretaría de Marina cuatro mil 608, Ejército mil 107 y Economía 15 ataques a sus sistemas en la primera mitad de 2021.
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Asimismo, expresa que en los seis años previos se neutralizaron alrededor de 26 mil sitios web con actividades ilícitas.
Enfatiza que el ciberespacio integra a más del 50 por ciento de la población mundial, con diversos riesgos y amenazas a la sociedad y al Estado, por lo que resulta de suma importancia que los actos que busquen afectar gravemente la información contenida en sistemas informáticos que vulneren la democracia y las capacidades del Estado sean considerados como amenazas a la seguridad nacional.
