Entre los retos que se enfrentan para la implementación de la urna electrónica destaca el de generar confianza tanto en las y los actores políticos, los medios de comunicación y la sociedad en general, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El documento titulado “Democracia electrónica. Revisión de la legislación federal y estatal sobre el voto”, elaborado por la investigadora María Cristina Sánchez Ramírez, identifica que, actualmente, sólo 12 entidades federativas contemplan en sus legislaciones alguna disposición sobre el voto electrónico: Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.
Por otro lado, el estudio refiere que el voto electrónico se comenzó a emplear en algunos procesos electorales locales. Un ejemplo reciente es la elección del Estado de México celebrada este año, en la que se utilizaron 164 urnas electrónicas.
Luego de estos ejercicios, el INE ha identificado algunas acciones que podrían contribuir a la instrumentación del voto electrónico en nuestro país, entre las que se encuentran la elaboración de un plan de seguridad para resguardar los activos de información, familiarizar a la ciudadanía con el uso de tecnología y el desarrollo de un software eficaz.
