El dictamen fue aprobado, por la Comisión de Seguridad Social, por 10 votos a favor, cinco en contra y una abstención; la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, emitió nueve votos a favor y cinco en contra.
Las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Segunda, presididas por la senadora Gricelda Valencia de la Mora y el senador Rafael Espino de la Peña, respectivamente, aprobaron el proyecto de decreto por el que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El proyecto de decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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Así como la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y el decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y que abroga su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023.
Los integrantes de la Comisión de Seguridad Social emitieron 10 votos a favor, cinco en contra y una abstención, mientras que en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda emitieron nueva votos a favor y cinco en contra, con lo cual dieron su respaldo a la minuta que envió la Cámara de Diputados, que tiene el objetivo de recibir las transferencias de las cuentas de ahorro inactivas en las Afores, para contar con recursos destinados al pago complementario de pensiones a los trabajadores que cotizan bajo el régimen que entró en vigor en 1997.
Dicho fondo será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, en el cual el Banco de México actuará como fiduciario.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar contará con un Comité Técnico que deberá emitir las reglas de operación sobre la recepción, administración, inversión, entregas y rendimientos de recursos al Instituto, detalla el documento.
En caso de que un trabajador cumpla 70 años sin ejercer su derecho a recibir los recursos de la Subcuenta de Vivienda, el Infonavit deberá transferir dichos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, establece el texto.
Para los trabajadores del Estado, el Pensionissste o las administradoras deberán transferir los recursos al momento en que cumplan 75 años, también sin necesidad de resolución judicial, aclara el proyecto.
El dictamen establece que los trabajadores y, en su caso, sus beneficiarios podrán acudir ante el IMSS o ISSSTE, según sea el caso, para acceder al mecanismo de devolución de forma permanente, para recibir la pensión a que tengan derecho conforme a la Ley o, en su caso, la devolución de los recursos, así como los intereses que les correspondan en los términos de las disposiciones que resulten aplicables.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, senadora Gricelda Valencia de la Mora, aseguró que esta reforma busca revertir las reformas perniciosas de 1997 y del 2017 en la materia, con el propósito de revindicar los derechos de la clase trabajadora y seguir protegiendo sus ahorros, así como incrementar sus pensiones.
El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, afirmó que este proyecto contribuye a fortalecer el sistema de pensiones y asegurar su viabilidad financiera a largo plazo; “se trata de un proyecto normativo que beneficia a la clase trabajadora del país”, asentó.
Por Morena, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez subrayó que las y los legisladores no pueden permitir que haya mexicanos que se jubilen con pensiones de tan sólo tres mil quinientos pesos. En ese sentido, sostuvo que es posible crear un país solidario, por lo que es justo retirar las pensiones “a quienes ni siquiera han trabajado para ganarlas”.
El senador de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, indicó que la minuta tiene una discrecionalidad absoluta, pues no plantea una forma de control que establezca reglas para que los trabajadores del país puedan saber lo que pasa con su dinero. Además, afirmó que representa “un robo” de los recursos de los trabajadores.
Por el PRI, la senadora Beatriz Paredes Rangel aseveró que las y los legisladores tienen un interés legítimo en que las pensiones de las y los trabajadores sean más justas; sin embargo, señaló que este proyecto se está procesando sin un análisis profundo y sin cuidarlo jurídicamente, por lo que adelantó que habrá una controversia constitucional.
La senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, dijo que es fundamental garantizar un retiro digno para las y los trabajadores mediante la modernización del sistema de pensiones; sin embargo, señaló que esta propuesta no es la solución, ya que afecta el ahorro de las y los trabajadores, además de que se aprovecha del dinero no reclamado de unos, para financiar el de otros.
En representación del PT, la senadora Geovanna Bañuelos aclaró que, con esta enmienda, se intenta reivindicar los derechos que la clase trabajadora perdió en 1997, cuando se impidió que se retiraran con el 100 por ciento de su salario para reducirlo a sólo 27 por ciento. Además, aclaró que, si bien el fondo recurrirá a cuentas inactivas, también se están tomando las medidas necesarias para restituir de inmediato sus recursos a quienes lo reclamen.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa explicó que la bancada del PRD no se opone a la creación de un fondo de pensiones, pero advirtió que el hecho de que las cuentas sean inactivas “no significa que no tengan dueño”. Además, recordó que ya hay precedentes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera inconstitucional el uso de recursos de vivienda para fines de pensiones.
El senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, aseguró que las reformas ponen en riesgo el Sistema de Ahorro para el Retiro, pues plantea la creación de un comité técnico, pero “qué no se sabe quién es”, es decir que el fideicomiso “no tiene cabeza”. Señaló que con la propuesta “este gobierno decomisa más a los trabajadores que a los narcotraficantes”.
