Río de Janeiro. Volkswagen Brasil anunció que apelará el fallo de un tribunal laboral en el estado de Pará que la declaró culpable de someter a trabajadores a condiciones de esclavitud durante las décadas de 1970 y 1980, en una hacienda ganadera ubicada en plena Amazonia.
El tribunal ordenó a la filial de la automotriz alemana pagar 30.3 millones de dólares como indemnización a las víctimas, en lo que constituye la multa más alta en la historia de Brasil por este tipo de violaciones.
Explotación en la hacienda Vale do Río Cristalino
La resolución judicial señala que Volkswagen no sólo financió, sino que también participó activamente en la gestión de la hacienda Vale do Río Cristalino, beneficiándose de prácticas de servidumbre por deudas, violencia y condiciones degradantes.
De acuerdo con el juez Otavio Bruno da Silva Ferreira, “los trabajadores eran vigilados por guardias armados, alojados en instalaciones precarias y sin acceso suficiente a alimentación o atención médica, incluso frente a brotes de malaria”.
Testimonios como el de José Pereira, trabajador de esa época, describen la brutalidad: “Si alguien intentaba escapar, los guardias les disparaban. Golpeaban a quienes habían escapado, todos lo veían”.
Posición de la empresa
Volkswagen rechazó el fallo y aseguró que seguirá su defensa legal en instancias superiores “en búsqueda de justicia y seguridad jurídica”. La empresa destacó en un comunicado que “sostiene los principios de dignidad humana y cumple estrictamente con todas las leyes y regulaciones laborales aplicables”.
La compañía adquirió las tierras a mediados de los años 70 para un proyecto ganadero respaldado por la dictadura militar, con el objetivo de desarrollar económicamente la región amazónica. A partir de 1986, comenzó a reducir sus operaciones en la zona.
Obligación de disculpa
Además de la multa, el tribunal ordenó que Volkswagen Brasil reconozca formalmente su responsabilidad y emita una disculpa pública a las víctimas.
El fallo revive un oscuro capítulo de la expansión agroindustrial en la Amazonia y marca un precedente histórico en materia de responsabilidad empresarial frente a violaciones de derechos humanos.
