El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que con la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas se recuperará la rectoría del Estado en actividades prioritarias como la energética, además de asegurar el acceso de toda la población a la energía.
Lo anterior en declaraciones a representantes de medios de comunicación, en el marco de la sesión ordinaria de este miércoles, en la que se discutirá y votará el dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política en materia de áreas y empresas estratégicas.
El diputado recordó que en 2013 se reformó la Carta Magna para establecer que las empresas públicas del Estado estuvieran bajo el concepto de “productivas” y sujetas a regímenes mercantiles y privados.
“Hoy se retorna al carácter público y se refuerza lo que en la Ley de la Industria Eléctrica se aprobó y fue invalidado por la Corte, que es la inversión del 54 (Estado) y 46 (privado) por ciento; y la definición constitucional de que el Estado es el rector en estas dos materias tan importantes, que son el petróleo y la energía eléctrica”, explicó.
Detalló que en la legislación reglamentaria se garantizará a los inversionistas extranjeros o nacionales la certeza de que no se les va a afectar su inversión en el porcentaje que la Constitución prevé, que es hasta el 46. “Así que podrán invertir con seguridad, y no habrá quien los moleste en ese 46”.
Adelantó que la sesión de hoy será «ríspida» debido a las posiciones encontradas respecto al papel del Estado en la producción de energía, la transferencia tecnológica y el uso de energías limpias.
«La discusión será fuerte y prolongada porque hay ideologías interpuestas, pero nuestra postura es clara: el Estado debe recuperar el control de estas actividades estratégicas», enfatizó.
En otro tema, Monreal Ávila informó que en la sesión de hoy se prevé votar las comisiones ordinarias, entre ellas la de Justicia; “ya que no podemos sesionar porque no se han integrado”.
Recordó que el procedimiento que se ha llevado a cabo en la Cámara de Diputados “es sólo nombrar al presidente, y luego los grupos parlamentarios, en razón de su proporción numérica, proponen los integrantes cuidando la paridad y la proporcionalidad”.
En el caso de las seis que corresponden a su bancada, dijo que por consenso y por unanimidad, se eligieron quienes las presidirán: para la de Energía, la diputada Rocío Adriana Abreu; en Derechos Humanos, la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez; en Asuntos de la Frontera Sur, la diputada Tey Mollinedo Cano; en Igualdad de Género, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández; y en la Jurisdiccional, el diputado Hugo Éric Flores Cervantes.
Cuestionado sobre las críticas de la oposición respecto a que el PVEM, aliado de Morena, presida la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, afirmó que no ha recibido objeciones directas al respecto y que respeta todas las posiciones, «y si hay diferencias, se verán reflejadas en el trabajo de las comisiones», expresó.
Respecto a las leyes secundarias de la reforma judicial, que se están discutiendo en el Senado de la República, y las cuales podrían ser modificadas en lo referente a los comités de evaluación, el legislador no quiso adelantar vísperas; sin embargo, recordó que los comités de los tres Poderes tendrán un papel fundamental en la selección de candidatos para jueces, ministros y magistrados.
“Todavía no adelantemos nada, porque lo que ayer se debatió y se discutió hoy puede reforzarse o modificarse en el Pleno. La idea es que generemos condiciones para que, legislativamente, los comités sean integrados por hombres y mujeres imparciales, profesionales, que tengan autonomía e independencia y lograr los mejores perfiles para participar en este proceso inédito”, añadió
Adelantó que la discusión de estas minutas que enviará la colegisladora podrían discutirse en sesión ordinaria el lunes 14 de octubre.
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El coordinador parlamentario también fue consultado sobre la reciente reunión entre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República.
