El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, presentó detalles clave sobre la iniciativa de reforma energética que busca retomar la soberanía energética nacional y garantizar el suministro de electricidad a precios accesibles para la población mexicana. La reforma, que propone modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, pretende reivindicar el rol de la CFE como una entidad pública estratégica más allá de cualquier concepción de monopolio.
Bartlett destacó la importancia de eliminar los vacíos legales actuales que no definen claramente los objetivos y la planificación de la CFE. La propuesta de reforma enfatiza la necesidad de asegurar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, eliminando así los riesgos asociados a la dependencia externa y a la intervención de empresas privadas en este sector crucial.
Desde la nacionalización de la energía eléctrica por parte de Adolfo López Mateos, ha quedado claro que la generación eléctrica no debe dejarse en manos del mercado libre debido a su importancia estratégica para el desarrollo nacional y para garantizar el acceso universal a servicios eléctricos a costos razonables. Bartlett reiteró que la planificación y el control estatal del sistema eléctrico a través de la CFE son esenciales para preservar estas áreas como estratégicas y no deben ser consideradas monopolios.
Además, la iniciativa busca reconocer el servicio de internet proporcionado por el Estado como un servicio público estratégico, crucial para garantizar el acceso universal a esta herramienta indispensable en la era digital, especialmente para sectores de la población que podrían quedar excluidos por razones económicas.
Otro aspecto relevante de la reforma es la propuesta de eliminar el concepto de «empresa productiva del estado», introducido por recomendaciones de organismos financieros internacionales. Según Bartlett, este concepto ha desvirtuado la función social de la CFE, reduciéndola a una entidad enfocada en la generación de utilidades sin considerar su responsabilidad social de proveer energía eléctrica.
La reforma energética representa un paso crucial hacia la consolidación de una política energética que ponga en primer plano la soberanía nacional, el desarrollo sustentable y el bienestar social, marcando un claro distanciamiento de las prácticas neoliberales que han predominado en décadas anteriores. La propuesta ya está generando un amplio debate sobre el futuro energético de México y su impacto en la economía y la sociedad.