El Senado de la República aprobó la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, para modificar la naturaleza jurídica de las empresas del Estado en materia energética, proveer al pueblo de México de electricidad y servicios de Internet al menor precio posible.
La asamblea avaló el dictamen en lo general con 86 votos a favor de senadores de Morena, PVEM, PT y uno de Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN; 39 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como una abstención de la senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano.
En lo particular, senadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar los tres artículos del dictamen, pero no fueron aceptadas por la asamblea y los artículos reservados fueron aprobados en sus términos con 86 votos a favor y 39 en contra.
De esta manera, la reforma alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación, por lo que fue enviada a las legislaturas estatales para su consideración.
Con los cambios, se destaca en el dictamen, se elimina el concepto de “empresas productivas del Estado”, incorporado al texto constitucional por recomendaciones de organismos financieros internacionales, lo que desnaturalizó la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad y lo redujo a la mera obtención de utilidades.
Dicho concepto se reemplaza por el de “empresas públicas del Estado”, con lo que se devuelve a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad su carácter público para cumplir con su responsabilidad social.
La reforma establece que serán las leyes las que definirán cómo los actores privados podrán participar en la industria eléctrica, pero aclara que en ningún caso dichas actividades tendrán prioridad sobre la empresa pública del Estado, cuya misión principal es cumplir con su responsabilidad social y asegurar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad para toda la población.
Además, plantea que no se considerarán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en sectores estratégicos como el servicio de Internet que éste provea, así como la planificación y control del sistema eléctrico nacional.
Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, expresó que el proyecto “da pasos firmes” para la recuperación de la soberanía energética del país, con lo que se revierten los cambios que se realizaron con la reforma energética de 2013, que lo único que pretendía era “desmantelar” a Pemex y CFE, “para chatarrizarlas y entregarlas al mejor postor”.
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Por Acción Nacional, Imelda Sanmiguel Sánchez aseguró que la reforma representa una regresión en materia energética, ya que pretende “endosarle” a las y los mexicanos el déficit bajo el que operan Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad; es decir que, se comprometerá el futuro de las siguientes generaciones, “bajo el argumento nacionalista de la soberanía energética”.
Mely Romero Celis, del PRI, advirtió que Pemex y la CFE no tienen capacidad de generar los recursos necesarios para sostenerse sin colaboración de privados, por lo que “mucho menos podrán sostener la soberanía energética que se busca promover”; consideró, por tanto, que esta reforma únicamente “subsidia la ineficiencia” y es un “retroceso disfrazado de progreso”.
Virgilio Mendoza Amezcua, del PVEM, acusó que la reforma energética del 2013 dejó a ese sector “debilitado, endeudado y a merced de intereses económicos”, por lo que esta nueva enmienda permitirá corregir errores del pasado, impulsar todo el potencial de Pemex y la CFE, desarrollar el servicio de Internet y aprovechar el litio, todo ello en beneficio del pueblo.
Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, rechazó que la enmienda cierre la colaboración de la iniciativa privada para resolver el problema energético del país: “las puertas, incluso, están abiertas para el capital extranjero”, añadió; no obstante, enfatizó que sí se garantizará que el Estado mexicano conduzca los sectores eléctrico y petrolero, pues no pueden depender de privados.
