Las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, y de Estudios Legislativos, aprobaron el dictamen a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en materia de vivienda con orientación social.
Los órganos legislativos, que presiden los senadores Luis Armando Melgar Bravo y Enrique Inzunza Cázarez, avalaron el proyecto que envió la Cámara de Diputados, con 18 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.
Además, acordaron que las reservas que presenten los diferentes grupos parlamentarios para modificar el dictamen se discutan en el Pleno de la Cámara de Senadores.
La minuta enviada por la colegisladora establece los objetivos generales y particulares de las funciones del Infonavit, para la generación de un desarrollo social en materia de vivienda que beneficie a la población.
Para ello, plantea la creación de una empresa filial encargada de la construcción de vivienda, que, si bien no se trata de una entidad paraestatal, sí estaría sujeta a mecanismos de control y transparencia.
Además, abre la posibilidad de celebrar contratos y convenios, lo que permitirá que las empresas participen en la construcción de vivienda bajo un esquema que garantice el buen manejo de recursos y se prevengan casos de corrupción.
También regula la figura del arrendamiento social, con lo que se establece un mecanismo que permita el acceso a la vivienda para las personas trabajadoras, mediante un arrendamiento accesible y con opción de compra.
Además, prohíbe la actualización del saldo, el pago por concepto de amortización o los accesorios de los créditos otorgados a las personas trabajadoras, a efecto de poner fin a los cobros excesivos y a los intereses abusivos e impagables.
De igual forma, plantea la facultad de veto de la persona directora general en la Comisión de Administración y Vigilancia, que será limitada y únicamente procederá cuando una resolución no sea adoptada por unanimidad, por lo que su único efecto será suspender la aplicación de la resolución correspondiente para que la Asamblea General resuelva, en definitiva.
El documento establece facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Auditoría Superior de la Federación en materia de vigilancia y fiscalización respectivamente sobre el Infonavit.
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Al fijar su postura, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, expresó que la Cuarta Transformación es un movimiento garante de los derechos de los trabajadores, para acceder a una vivienda, pues busca romper el esquema de “lucro y depredación” de inmobiliarias e instituciones financieras, que al amparo de la administración pública “del viejo régimen” generaron créditos impagables.
Por Acción Nacional, Mayuli Latifa Martínez Simón aseguró que con las reformas se pretende arrebatarle a las y los mexicanos sus ahorros, ya que se crea una empresa filial que se supone que va a construir vivienda, pero que la Auditoria Superior de la Federación no va a poder auditar y que tampoco cuenta con reglas de transparencia para su actuar.
Mely Romero Celis, del PRI, manifestó que la reforma no garantiza mayor acceso de una vivienda a la población, sino que tiene el propósito de tomar el control absoluto del Infonavit y de los ahorros de los trabajadores, para ponerlos a disposición del gobierno, ya que la empresa filial que busca crear no estará sujeta a rendición de cuentas, lo que pone en riesgo el patrimonio de los derechohabientes en el país.
