En los últimos días habrían muerto hasta 70 jóvenes a manos del Ejército sudanés y las milicias que lo apoyan, según información del experto que monitorea los derechos humanos en ese país. Los enfrentamientos han obligado a más de once millones de personas a desplazarse, 2,9 millones de ellas se han refugiado en países vecinos.
La guerra en Sudán, iniciada en 2023 y cada día más cruenta, se intensificó aún más con una ofensiva lanzada el mes pasado por las Fuerzas Armadas de Sudán para recuperar el control de zonas clave que actualmente están en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido.
Los dos ejércitos, dirigidos por generales rivales, continúan los combates en medio de alarmantes informaciones sobre la ejecución sumaria de decenas de hombres jóvenes, en particular del barrio de Halfaya en Jartum-Norte (Bahri), alertó el experto de la ONU sobre la situación en Sudán.
Radhouane Nouicer, designado por el Consejo de Derechos Humanos para monitorear esas garantías en el país africano, detalló que los muertos de esa manera en los últimos días sumarían hasta 70 jóvenes.
Al parecer, estas ejecuciones fueron llevadas a cabo por fuerzas de las Fuerzas Armadas de Sudán y la Brigada Al-Baraa Bin Malik, una milicia aliada.
Videos jóvenes asesinados
“En los medios de comunicación han circulado videos que muestran los cadáveres de jóvenes, supuestamente asesinados por sospechas de afiliación o colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias”, apuntó el experto, recordando que, además de ser una acción “más que despreciable”, viola todas las normas y estándares de derechos humanos.
En uno de los videos aparecen a hombres armados con uniformes de las Fuerzas Armadas de Sudán que afirman ser de Jartum-Norte y haber asesinado a seis hombres acusados de saqueo.
Las reglas de guerra exigen proteger a los civiles
“Incluso en la guerra hay reglas”, dijo el experto, subrayando que la impunidad por tales actos debe terminar de inmediato.
Nouicer pidió a todas las partes -incluidas las milicias aliadas de los actores enfrentados-, que respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, haciendo hincapié en la necesidad de proteger a los civiles de las ejecuciones arbitrarias y la violencia.
También instó a que se lleve a cabo una investigación rápida e independiente de los asesinatos y que los responsables rindan cuentas de conformidad con las normas internacionales.
