En América Latina y el Caribe, el deterioro de la cobertura de protección social en la vejez ha dejado hasta el momento a un 34,5% de las personas mayores de 65 años sin ningún tipo de ingresos ni pensiones, lo que agrava su vulnerabilidad, reveló un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La publicación recuerda que la seguridad social es un derecho humano presente en los instrumentos internacionales en la materia y llama a cumplir con las garantías básicas de ésta a lo largo de la vida, que incluyen la seguridad económica para las personas mayores. “Esto significa garantizar la seguridad económica durante el periodo de retiro de la fuerza de trabajo o cuando existen dificultades para contar con ingresos laborales”, subraya.
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El análisis refiere que en la región, la precariedad de las personas mayores se agudizó con la pandemia de COVID-19, detallando que la proporción de las que carecen de ingresos laborales o pensiones aumentó de 31,9% en 2019 a 34,6% en 2020 y a 34,5% en 2021.
Los datos desagregados indican que un 46,8% de los mayores de 65 años recibe una pensión, un 5,1% recibe ingreso laboral y pensión, mientras que 13,6% reporta únicamente ingreso laboral. En total, sólo el 51,9% cuenta con una pensión.
