Un grupo de expertos en derechos humanos expresa preocupación por la posible perforación de nuevos pozos petroleros en esa área natural protegida y urge al gobierno ecuatoriano y a las empresas a respetar el resultado de la consulta popular de hace un año, en la que la mayoría de los ecuatorianos votó por prohibir la explotación petrolera en ese sitio.
Hace un año, Ecuador llevó a cabo una consulta popular histórica en la que el 59% de más de diez millones de votantes se pronunció a favor de prohibir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, un área natural protegida de 10.200 km² localizada en la cuenca amazónica al noreste de ese país.
Tras el resultado de la consulta, la Corte Constitucional de Ecuador ordenó a las autoridades del país desmantelar la planta petrolera del Parque en un plazo de un año, que se cumplirá el próximo 31 de agosto.
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Sin embargo, la producción petrolera de la planta es mayor ahora que durante la primera mitad de 2024 y algunas informaciones indican que se abrirían nuevos pozos. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló esta semana que el cierre de los pozos en Yasuní tomaría de tres a cinco años.
Frente a estas noticias, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos* expresó este martes gran preocupación e instó al gobierno y las empresas que operan en el Parque Yasuní a aplicar urgentemente la voluntad popular, y a acelerar el proceso de transición.
