El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha destituido a 300 funcionarios por considerar que sus agendas eran «incompatibles» con la del gobierno.
Esta medida se ha llevado a cabo en medio de una serie de acciones que Bukele y su partido, Nuevas Ideas, han implementado para consolidar su control sobre el aparato estatal.
Entre estas acciones, destaca la destitución de magistrados de la Corte Suprema y del Fiscal General, decisiones que han sido altamente controvertidas y criticadas tanto a nivel nacional como internacional.
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Las destituciones y nombramientos de nuevos funcionarios se han realizado de manera expedita y sin seguir los procedimientos establecidos, lo que ha suscitado preocupación sobre el respeto al estado de derecho y la separación de poderes en el país.
Estas decisiones han generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros, quienes han manifestado su preocupación por la erosión de las instituciones democráticas en El Salvador.
