Ciudad de México — Los nuevos magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) desafiaron abiertamente la Ley de Austeridad al percibir un salario mensual neto superior al de la presidenta Claudia Sheinbaum, según revela el informe salarial correspondiente al segundo trimestre de 2025.
Laura Patricia Jiménez, Karina Salgado Lunar y José Jesús Hernández Rodríguez reportaron ingresos de 166 mil 354.65 pesos netos mensuales, frente a los 134 mil 290 pesos netos que gana la presidenta de la República. Esta situación no solo incumple la Ley de Austeridad federal y local, sino que también contraviene el tabulador salarial 2025 aprobado por el propio tribunal, el cual establece un sueldo máximo de 79 mil 408 pesos netos mensuales para sus integrantes.
El resto del pleno del TECM también incurre en esta irregularidad: el magistrado presidente Armando Ambriz Hernández gana 169 mil 305 pesos y Osiris Vázquez Rangel percibe la misma cifra que sus colegas recién nombrados.
La legislación vigente en la capital del país estipula que ningún servidor público debe ganar más que la jefa de Gobierno, quien recibe 83 mil 14 pesos netos mensuales. Pese a ello, los magistrados duplican ese monto, y hasta el momento, ninguno ha emitido un posicionamiento oficial al respecto.
Una situación similar ocurre en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), donde los consejeros también aumentaron su salario en 2025, superando los límites establecidos por la normativa de austeridad.
La presidenta del IECM, Patricia Avendaño, quien anteriormente aseguró acatar la ley, pasó de ganar 87 mil 821 pesos a 93 mil 331 pesos netos mensuales. Por su parte, los consejeros Erika Estrada, Melisa Guerra, María de los Ángeles Gil, Cecilia Hernández y Ernesto Ramos aumentaron sus ingresos de 136 mil 779 a 145 mil 699 pesos, todos por encima de los sueldos tanto de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, como de la presidenta Sheinbaum.
Estos casos han generado críticas sobre la falta de cumplimiento de las normas de austeridad en organismos que deberían garantizar la legalidad y la equidad en los procesos democráticos. Hasta ahora, ninguna autoridad electoral ha ofrecido explicaciones públicas sobre estos incrementos salariales.
