Ciudad de México.– La Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general la reforma a la Ley de Amparo, tras una votación de 345 votos a favor de Morena y sus aliados y 131 en contra de la oposición. El dictamen fue emitido por las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda, y abrió una discusión en lo particular con 309 reservas enlistadas, aunque se prevé aceptar solo tres modificaciones.
La sesión estuvo marcada por votos divididos dentro del oficialismo. La ministra en retiro y diputada Olga Sánchez Cordero (Morena) se abstuvo, al igual que los petistas Greycy Durán y Javier Vázquez Calixto. En tanto, Ana Érika Santana (PVEM) y Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) votaron en contra.
Cruz Jiménez explicó que su voto respondió a que la reforma “afectará el interés colectivo”, con impactos negativos en los pueblos indígenas. La legisladora presentó una reserva para restituir el derecho de las comunidades a promover amparos en defensa de derechos humanos colectivos, sin tener que demostrar titularidad exclusiva.
Ajustes impulsados por Morena
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó que las modificaciones responden a críticas sobre los nuevos requisitos para solicitar un amparo.
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Se suprime la obligación del juez de verificar que la ejecución del acto reclamado pueda causar “daños de difícil reparación”.
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Se clarifica el momento procesal en que los casos en curso deberán resolverse conforme a las nuevas disposiciones.
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Se precisa la protección de derechos adquiridos en materia de permisos, autorizaciones o concesiones del gobierno federal.
Sobre este último punto, Monreal y el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) presentaron una reserva conjunta para evitar que la revocación de permisos previamente otorgados impida al titular solicitar una suspensión provisional.
“Cuando ya se tenga el permiso o la concesión y se revoque, ahí sí puede hacerse valer en el juicio de amparo. Es muy diferente a no tenerlo y pretender operar”, explicó Mejía Berdeja desde tribuna.
Contexto legislativo
La oposición advirtió que la reforma representa “un retroceso en la figura del amparo” y podría limitar la defensa de derechos colectivos y ambientales, al restringir quiénes pueden acreditar interés legítimo.
Pese a las críticas, el bloque mayoritario impulsó la aprobación argumentando que la reforma busca mayor equilibrio entre el interés individual y el social, así como evitar abusos del mecanismo para frenar obras o políticas públicas.
Con la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados continuará la votación en lo particular durante la sesión, antes de remitir el dictamen al Ejecutivo federal para su promulgación.
