Washington, D.C.— El Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos publicó este lunes el texto de conciliación que integrará el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria promovido por el Partido Republicano. En él, se confirma la imposición de un impuesto de 3.5% a las remesas enviadas desde territorio estadounidense, manteniendo el porcentaje ya aprobado por la Cámara de Representantes.
El documento de 549 páginas establece que el gravamen recaerá directamente sobre el remitente: “Por la presente se impone a cualquier transferencia de remesas un impuesto equivalente a 3.5 por ciento del importe de dicha transferencia”, señala el texto. La fecha de entrada en vigor continúa prevista para el 31 de diciembre de 2025.
Hace unos días, el senador republicano Eric Schmitt, de Misuri, había propuesto aumentar la tasa hasta un 5%, e incluso sugirió un posible incremento del 15%, aunque finalmente su propuesta no prosperó.
Detalles de la propuesta:
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Tasa impositiva: Se mantiene en 3.5% para cada transferencia de remesas.
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Excepciones: Las transacciones iniciadas con tarjetas de crédito o débito estarán exentas del impuesto.
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Beneficios fiscales: Solo los titulares de número de Seguro Social (SSN) podrán acceder al crédito fiscal relacionado, excluyendo a indocumentados y otros migrantes sin estatus permanente.
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Impacto comunitario: La medida podría afectar particularmente a la comunidad mexicana en EE.UU., muchos de cuyos miembros utilizan la Matrícula Consular para acceder a servicios bancarios desde 2003.
Además, la iniciativa conserva los recortes fiscales implementados durante la administración Trump en 2017, y, según los legisladores republicanos, evita aumentos de más de 4 billones de dólares en impuestos.
Avance acelerado del proyecto
El liderazgo republicano busca la aprobación acelerada del plan para devolverlo cuanto antes a la Cámara de Representantes y lograr su validación definitiva antes del 4 de julio. Entre los cambios fiscales destacados figuran también propuestas para eliminar impuestos sobre propinas y horas extra, así como nuevos recortes al programa Medicaid, en proporciones mayores a las aprobadas previamente en la Cámara Baja.
La propuesta se perfila como uno de los proyectos fiscales más polémicos del periodo legislativo, en medio de un debate sobre su impacto en comunidades migrantes y sectores vulnerables.
