El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que con la reforma constitucional que prohíbe la condonación de impuestos, se ha avanzado significativamente en la recaudación fiscal, obteniendo entre 200 mil y 300 mil millones de pesos anuales que anteriormente no ingresaban debido a las exenciones otorgadas a empresarios. Durante su conferencia matutina, el presidente indicó que el rezago en el pago de impuestos se ha reducido considerablemente y que pronto se presentará un informe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
López Obrador mencionó que uno de los casos más notorios, sin mencionar explícitamente a Grupo Salinas, ya ha sido resuelto en varios litigios en el Tribunal de Circuito y ahora se han llevado recursos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El presidente aseguró que no hay inconstitucionalidad en estos procesos legales y confía en que la SCJN resolverá adecuadamente.
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El mandatario resaltó que «lamparear» la corrupción ha sido crucial para su gobierno, y que la condonación de impuestos a través del presidente y el secretario de Hacienda estaba legalizada en administraciones anteriores. Subrayó que con los recursos captados gracias a la prohibición de esta figura, se financia la mitad de las pensiones para adultos mayores. «Pusimos el énfasis en combatir la corrupción, no sólo por razones de índole moral. Un gobierno corrupto no tiene autoridad, para nada», afirmó.
Asimismo, López Obrador recordó que al inicio de su sexenio se logró la mayoría calificada para modificar el artículo 28 constitucional y prohibir la condonación de impuestos. A pesar de las resistencias posteriores a otras reformas, como la eléctrica, se ha mantenido firme en su lucha contra la corrupción.
«Claro que hay resistencias, no es fácil que se sientan expulsados del paraíso, por eso se enojan. Afortunadamente se ha entendido que se pueden hacer negocios lícitos con ganancias razonables y no vivir del chantaje, del tráfico de influencias, del saqueo. Antes se veía normal», añadió.
El presidente concluyó enfatizando que esta lucha contra la corrupción ha permitido redistribuir la riqueza y financiar programas sociales, marcando un cambio significativo en la política fiscal del país.
