La diputada Rocío López Gorosave (Morena) exhortó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Secretaría de las Mujeres a incluir el principio de igualdad sustantiva en las reglas de operación del Programa de Vivienda y Regularización, en beneficio de las mujeres y su acceso a la vivienda adecuada y de aquellas que ya son propietarias.
Sostuvo que, con este objetivo, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, y aportar al reconocimiento y garantía de la igualdad sustantiva para las mujeres en todos sus ámbitos de la vida, entre éstos, al acceso a la titularidad de una vivienda adecuada como objetivo principal del gobierno de la Cuarta Transformación.
En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria refirió que en los últimos años ha habido un crecimiento importante de las mujeres como cabeza de hogar, pues de acuerdo con cifras del Inegi, 32 por ciento de los hogares cuentan con una mujer como jefa de familia, mientras que en el 2010 el porcentaje de mujeres al frente de los hogares era de 25 por ciento.
Sin embargo, subrayó, pese a que la participación de las mujeres ha aumentado estadísticamente, no sólo en los hogares, sino también en su participación en el mercado laboral, el tiempo dedicado al trabajo doméstico y a labores de cuidado en general no ha disminuido, lo que implica una carga excedente y que problematiza dinámicas de acceso y seguridad al ver vulnerable su tiempo para el trabajo remunerado y su reconocimiento en la gestión del acceso a la vivienda.
Además, existe una brecha en el acceso a sistemas de financiamiento para vivienda. “De acuerdo con datos de Comisión Nacional de Vivienda, sólo 35.6 por ciento de los financiamientos otorgados por los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis) y 31.6 por ciento de subsidios federales se otorgan a mujeres, en contraposición a 60 por ciento y 66.8 por ciento, respectivamente, para los hombres y algo similar sucede con el acceso a créditos de banca múltiple”, detalló.
En ese sentido, López Gorosave apuntó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a hacer un programa masivo de escrituración de vivienda con las entidades federativas, y al momento ya aplica en el Estado de México y en Tijuana. Además, este compromiso está incluido en los 100 Compromisos, en el número 49, con el programa masivo de escrituración de casas.
Asimismo, subrayó que las titulares del Ejecutivo Federal y de la Sedatu han informado que el programa “Vivienda para el Bienestar” contempla la construcción de un millón de viviendas en los próximos 6 años: 500 mil a través de Infonavit para derechohabientes y 500 mil para no derechohabientes por medio de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), así como la regularización de un millón de escrituras.
También, añadió, el director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), José Alfonso Iracheta Carroll, puntualizó que en caso de la regularización de escrituras este Instituto realizará 700 mil trámites, mientras que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) se encargará de 100 mil escrituras y finalmente 200 mil serán responsabilidad del Infonavit.
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“Es importante reconocer el trabajo que la Presidenta ha enfocado en el programa de vivienda para el bienestar y escrituración masiva, el cual debe implementarse con reglas de operación claras y en particular debe alinearse con la política de igualdad sustantiva que se ha implementado en el segundo piso de la Cuarta Transformación”, manifestó.
Lo anterior, enfatizó, para intentar contrarrestar, según datos de la Sader, a los más de 5 millones de personas que cuentan con algún documento que reconoce su derecho de propiedad sobre tierras ejidales o comunales y que sólo 27 por ciento son mujeres.10
La diputada de Morena señaló que no basta con formalizar y positivar un derecho, sino asegurar que tal derecho sea efectivo, específico y material. “Evidentemente, la forma correcta de ejecutarse, es acompañar este tipo de reformas en todos los ámbitos de aplicación para que su garantía provenga desde la Constitución federal y de ahí exista un despliegue obligatorio y transversal hacia todo el ordenamiento nacional”.
