El paro de transportistas en la Ciudad de México este jueves desató una serie de bloqueos en las principales avenidas, causando afectaciones significativas en la movilidad de la metrópoli. La protesta, iniciada por la Fuerza Amplia de Transportistas, exigía un incremento de al menos tres pesos en la tarifa del transporte público. Esta demanda fue rechazada por el gobierno de la ciudad, que se negó a aumentar las tarifas para proteger la economía familiar, manteniendo una postura firme contra el incremento.
Desde las primeras horas de la mañana, transportistas bloquearon vialidades clave como Avenida Insurgentes, Calzada Tláhuac Chalco, y Avenida Acueducto, entre otras, buscando presionar al gobierno para atender sus demandas. El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, indicó que las alcaldías más afectadas fueron Xochimilco y Tlalpan, y a pesar de los intentos de diálogo, no se llegó a un acuerdo para incrementar la tarifa.
A nivel nacional, la situación no fue muy distinta. El paro de transportistas también tuvo un impacto en otros puntos del país, donde se buscaba negociar mejoras para el sector. En algunos lugares, como Melilla, el gobierno anunció ayudas económicas para el sector tras semanas de protestas. Sin embargo, el Gobierno estimó que entre un 97% y 98% del tráfico de vehículos pesados ya trabajaba con normalidad, anticipando que la protesta se desactivaría completamente en las próximas horas, aunque desde la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte se continuaba haciendo llamamientos para mantener el paro.
El impacto de estas movilizaciones no sólo se sintió en la interrupción del tráfico y el transporte público, con afectaciones en servicios como el Metrobús, sino también en la economía, especialmente en sectores como el alimentario en Andalucía, que reportó pérdidas millonarias debido a problemas en la cadena de suministros.
La situación en la Ciudad de México refleja un desafío mayor para el gobierno en su intento por equilibrar las demandas del sector transportista con la necesidad de proteger la economía de los ciudadanos, en un contexto donde las negociaciones parecen haber llegado a un punto muerto.
