El Pleno del Senado aprobó el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de incorporar principios, fortalecer sanciones y castigar a toda la cadena delictiva de la trata de personas.
La propuesta, avalada con 97 votos a favor y cuatro abstenciones, incluye el concepto de interseccionalidad, que será la herramienta analítica que reconoce que las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales como el género, la etnia y la clase social.
En consecuencia, detalla el documento remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, tanto las desventajas como los privilegios que tiene una persona en un momento y lugar determinados no pueden entenderse examinando de forma aislada los diversos elementos de su identidad.
También se establece la interculturalidad, la cual será una metodología que permite la interacción respetuosa entre diferentes culturas y grupos étnicos, mediante la cual se reconoce y valora la diversidad cultural, buscando la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, independientemente de su origen cultural o étnico.
La propuesta también contempla el enfoque de derechos humanos, que se define como la metodología basada en estándares internacionales de derechos humanos. Su objetivo es analizar las desigualdades y corregir las prácticas discriminatorias y las distribuciones injustas de poder que impiden el progreso del desarrollo y que a menudo se centran en grupos históricamente discriminados.
El proyecto considera que la religión u orientación sexual, la condición de salud, así como pertenecer a los pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas serán considerados como sujetos en situación de vulnerabilidad.
Además, menciona que se entenderá como explotación de una persona la utilización de personas menores de 18 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta.
También, sanciona el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICS), tales como herramientas, programas, plataformas y dispositivos que se utilizan para procesar, administrar, editar, difundir o crear contenido con la información o materia que devenga de una persona víctima.
El proyecto establece pena de 10 a 15 años de prisión y de mil a 30 mil días multa a quien someta a una persona para que realice actos pornográficos con el uso de las tecnologías de la información, tales como programas, plataformas y dispositivos que se utilizan para editar, difundir o crear contenidos con material que devenga de una persona víctima.
Además de una pena de 15 a 25 años de prisión y de mil a 20 mil días multa, a quien promueva o gestione, por cualquier medio, para que una o más personas, pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, viajen al interior o exterior del territorio nacional, con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales.
También se impondrá pena de nueve a 15 años de prisión y de mil a 25 mil días multa a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta; personas mayores de sesenta años, pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Y propone una sanción de 12 a 50 años de prisión y de 12 mil a 50 mil días multa, a quien, a sabiendas de su situación de trata, solicite o alquile servicios de una persona menor de 18 años, que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, mayores de sesenta años, personas pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas, mujeres embarazadas, o personas con discapacidad.
Al respecto, el senador Ricardo Monreal Ávila, de Morena, destacó que, a pesar de las diferencias, las diferentes fracciones parlamentarias se mantienen unidas en lo fundamental. En ese sentido, subrayó que esta aportación legislativa es de suma importancia, pues ayudará a combatir la trata de personas y proteger a las víctimas de este delito.
