Este viernes se llevó a cabo la segunda jornada de comparecencias de aspirantes a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes fueron convocados para presentar sus planes de trabajo y sus propuestas para ocupar el cargo en el periodo 2024-2029.
Durante la primera mitad de la jornada, nueve de 18 candidatos detallaron a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia sus proyectos para mejorar la operatividad del organismo, y sus propuestas para consolidar las garantías en asuntos particulares, como el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad, la inclusión de grupos indígenas o el acceso a la información, entre otros temas.
Paulina Hernández Diz planteó mejorar los procesos de investigación de casos que se presentan en la CNDH, desde la entrada de las quejas hasta la atención de las víctimas, y especializar las visitadurías, además de acortar los tiempos en los que desahogan las solicitudes que atiende la dependencia.
Por otra parte, insistió en volver a la comisión un “hilo conductor”, esto es, explicó, que se coordine para la defensa de los derechos humanos con sus homólogas en las entidades de la república, con organizaciones de la sociedad civil, con defensores y víctimas, y con los tres poderes y niveles de gobierno.
Hugo Hernández Vaquero consideró importante centrar la estrategia de derechos humanos en la familia y en el trabajo; en el primer caso, sostuvo, ya que al proteger los derechos desde el núcleo familiar también se protegerían los que se ejercen en la sociedad, y en el segundo, al considerar que la dignidad de una persona depende de un trabajo digno.
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El candidato Adolfo López Badillo propuso, para su plan de trabajo, implementar programas de capacitación permanente sobre uso de la fuerza para elementos de las Fuerzas Armadas, para evitar que violen derechos humanos en operativos, y otro de divulgación en comunidades indígenas, para que conozcan sus garantías constitucionales y sepan ejercerlas.
Ismael Mercado Salas se manifestó en contra de la reforma que contempla la desaparición de los organismos autónomos, en especial el INAI, al considerar que el acceso a la información y la transparencia contribuye a que la relación entre los organismos civiles de protección de derechos humanos y la CNDH sea eficaz, eficiente y efectiva.
