Ciudad de México. Jorge Humberto González Bocardo, excoordinador de Operaciones en Diconsa, se convirtió en el primer sentenciado por el millonario desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), tras ser condenado a 15 años de prisión por su participación en una operación simulada para la compra de 7 mil 800 toneladas de azúcar.
Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó la sentencia al considerar acreditada su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, agravados por su calidad de servidor público.
El fraude
La operación fraudulenta ocurrió entre 2019 y 2020, cuando Diconsa adjudicó un contrato de 465 millones de pesos a la empresa fachada Servicios Integrales Carregin para la compra de 25 mil toneladas de azúcar. Sin embargo, se simuló la entrega de 7 mil 800 toneladas, por las cuales se pagaron 142.5 millones de pesos, sin que el producto llegara al almacén de la Unidad Operativa de Querétaro.
González Bocardo, en su rol de coordinador, elaboró y firmó la documentación que autorizó la solicitud del insumo a Carregin, a sabiendas de que no se realizaría la entrega. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó y multó a Carregin en 2023 por participar en este esquema fraudulento.
Detenciones y proceso
Por este caso, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) ha obtenido 22 órdenes de aprehensión; hasta ahora, nueve personas han sido detenidas, entre ellas seis exservidores públicos y tres directivos de Carregin.
Entre los vinculados a proceso destacan:
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José Miguel Ojeda Antonio, exadministrador único de Carregin.
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Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de la empresa.
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Gonzalo Mora Natera, operador de una firma usada para desviar recursos.
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Roberto Rivera Ramos, exsubgerente de adquisiciones en Querétaro.
González Bocardo fue detenido en marzo de 2023 en Saltillo, Coahuila, y sentenciado el 2 de abril de 2025. Además de los 15 años de prisión, se le impusieron 375 días de multa, inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años y la cancelación de sus derechos civiles y políticos.
Este caso representa uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio, con un daño patrimonial superior a 10 mil millones de pesos, y forma parte de las investigaciones más relevantes emprendidas por el actual gobierno federal.
