El diputado Daniel Andrade Zurutuza (Morena) propuso que el Estado mexicano garantice la atención y el otorgamiento gratuito de todos los documentos públicos que las personas adultas mayores en situación de calle o de vulnerabilidad social o familiar requieran para tramitar una pensión no contributiva o para ser beneficiarias de un programa social.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, plantea adicionar el artículo 6º Bis y reformar el 8º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Establece que ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por su condición “social o por encontrarse en situación de calle”.
Menciona que si bien el artículo 4º de la Constitución Política señala la obligación del Estado de implementar programas sociales, como las pensiones para adultos mayores, hay personas de este sector poblacional que por la situación de calle en la que viven u otros motivos de vulnerabilidad no han podido acceder a estos programas.
Enfatiza que la imposibilidad de acceder a dichos programas se debe a la falta de documentos públicos que se requieren para realizar los trámites ante las dependencias correspondientes, entre los cuales se encuentran credencial para votar vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Clave Única de Registro de Población, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.
Expone que las personas mayores en situación de calle son un sector que experimenta una triple discriminación por motivos como su edad, precariedad económica y condición de vida en calle, y por esa razón necesitan un mayor apoyo por parte del Estado.
Asimismo, destaca la garantía que tienen todas las personas al derecho a la identidad, la cual es fundamental para acceder a otros derechos como la salud, justicia y empleo.
Precisa que datos estadísticos muestran que en México ha aumentado tanto el volumen como la proporción de personas mayores (60 años y más) en relación con otros grupos de edad, lo que indica que la población adulta mayor seguirá creciendo, así como sus problemáticas y necesidades.
Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), la población mexicana de 60 años y más pasará de alrededor de 12 millones en 2015 (10 por ciento) a 20 millones en 2030 (14.8 por ciento de la nacional).
Refiere que en 2020 se reformó el artículo 4º de la Constitución Política para establecer la obligación del Estado a implementar programas sociales, como las pensiones para adultos mayores.
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Subraya que en este año se aprobó la reforma constitucional para reducir, de 68 a 65 años, la edad de acceso a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Por ello, considera que el Estado mexicano es quien debe garantizar la atención y el otorgamiento gratuito de todos los documentos públicos que este segmento de la población en situación de calle o vulnerabilidad requiere para tramitar una pensión contributiva o ser beneficiarios de los programas sociales.
