La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, señaló que el agua es un tema de seguridad nacional y debe ser prioridad de los tres órdenes de gobierno debido a que 21 millones de personas aún no tienen garantizado su derecho constitucional al vital líquido.
Para atender esta problemática que demanda una inversión en torno a los 86 mil millones de pesos anuales, se puede recurrir a inversión pública y privada contemplada en la ley. Por ello, una reforma de este calibre tiene que ser participable con todas las entidades federativas que cuenten con el recurso hídrico, además de otras dependencias que estén involucradas como la Secretaría de Hacienda, Conagua y Semarnat, entre otras, además de un parlamento abierto genuino, no solo con especialistas, sino con los estados y municipios para construir juntos un verdadero proyecto hídrico, pues no basta construir una ley.
Por todo ello, tras la notificación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual solicitan “informen en qué etapa del proceso legislativo se encuentran a fin de emitir la Ley General de Aguas, remitan un cronograma en el que se advierta el plan de trabajo legislativo específico para dar cumplimiento a la sentencia, así como los plazos estimados para el desarrollo de cada etapa”, en la Cámara de Diputados estamos convencidos de la necesidad de legislar sobre este tema, por lo que el requerimiento de la Corte, se hará de conocimiento a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su análisis y respuesta puntual e institucional.
