La diputada Marisol García Segura (Morena) impulsa una iniciativa que plantea reformar los artículos 15 y 16 del Código Penal Federal, con el propósito de que ninguna mujer tenga responsabilidades penales por defender su vida ante su agresor o agresores, después de haber sido víctimas de violencia física, sexual o feminicida, o bien, defienda a un tercero en los mismos términos.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, estipula que, en los casos de violencia física, sexual o feminicida en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “no se aplicará el término exceso en la legítima defensa cuando se defienda un bien propio o ajeno”.
Refiere que el juzgador podrá imponer tratamiento psicológico a la persona que se defienda, así como medidas para la protección de su integridad y sus bienes.
La legisladora sostiene que otra finalidad de estas modificaciones es promover la obligación de juzgar con perspectiva de género por parte de las y los servidores públicos, así como de los entes encargados de impartir justicia en todos los casos relacionados con la violencia sexual, feminicida y de género.
Subraya que en México no hay estadísticas respecto al número de las mujeres encarceladas por defender su vida ante una situación de peligro, prueba de ello es que en los centros penitenciarios de mujeres este tipo de casos son criminalizados e invisibilizados, lo cual obstaculiza el acceso a la justicia.
“Las mujeres no deberían ser procesadas y sentenciadas, ya que cumplen con los criterios de la legítima defensa, pues no agredieron o asesinaron a sus agresores, sino que reaccionaron a un contexto de violencia extrema que lo demandaba”, puntualiza la diputada Sodi.
Reitera que las mujeres agredidas y que se defienden tienen dos opciones: ser víctimas de feminicidio o terminar encarceladas, lo cual añade es preocupante, pues las autoridades ignoran los protocolos de atención, los tratados y convenios internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, que tienen como objetivo permitir su acceso a la justicia.
Enfatiza que el sistema de justicia continúa sin tomar en cuenta el contexto que viven las mujeres, pese a conocer que el 70 por ciento, mayores de 15 años, son víctimas de violencia de género y que se asesina a 11 mujeres por día en este país.
Por otra parte, resalta que para las autoridades el veredicto del agresor, los signos de violencia que éste presente y el arma son pruebas suficientes para que las mujeres puedan ser condenadas, pues en la lógica machista de las y los operadores “las mujeres que matan” son culpables.
Argumenta que la invisibilización de la violencia contra las mujeres es palpable en la ausencia de estudios o estadísticas sobre la prevalencia de la violencia contra la mujer, así como la poca información que existe sobre la magnitud de los casos de legítima defensa que afectan principalmente a la mujer.
La diputada García Segura sostiene que la falta de datos en los casos de legítima defensa por mujeres víctimas de violencia sexual y feminicida obstruye el esfuerzo por elaborar estrategias de intervención concretas; de ahí la importancia de reformar el Código Penal Federal.
