En representación de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Joel Hernández García, reiteró, en el pleno de la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el compromiso de México con la integración regional que, además de fortalecer las economías y sociedades, permite enfrentar de manera conjunta los desafíos comunes.
Durante su intervención, el subsecretario señaló que toda integración se sustenta en principios inquebrantables, como la estricta observancia del marco jurídico internacional e interamericano, el imperativo de resolver pacíficamente las controversias que puedan surgir entre los Estados y la obligación de evitar, a toda costa, el uso de la fuerza de forma incompatible con los principios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la OEA, al tiempo que se pronunció por denunciar y exigir responsabilidad a los Estados de la región que incumplan estos principios.
“No tengan duda que México continuará guiando su participación en la OEA y en otros espacios multilaterales por sus principios constitucionales de política exterior: la solución pacífica de controversias, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto y la promoción de los derechos humanos”, subrayó.
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Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno de México con los cuatro pilares de la OEA, destacando:
El reconocimiento al trabajo realizado por la Misión de Observación Electoral desplegada en las elecciones del pasado 2 de junio en nuestro país.
Protección de los derechos humanos y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El Modelo Mexicano de Movilidad Humana que atiende las causas estructurales de la migración y el fortalecimiento de los mecanismos regulares de movilidad, frente a políticas de contención o de sanciones.
La igualdad de género como un elemento indispensable para las sociedades justas e inclusivas.
La necesidad de atender con urgencia las deplorables consecuencias humanitarias, sociales y económicas que provoca el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones.
