En la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, destacó que la única finalidad de la iniciativa de reforma al Poder Judicial es democratizarlo, y que, conforme establece la Constitución, los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio no dan lugar a una sobrerrepresentación en la integración de la LXVI Legislatura.
Precisó que, para no caer en un falso debate, existen cuatro elementos principales de la iniciativa de reforma planteada por el Ejecutivo federal el pasado 5 de febrero:
Elección popular.- Propone que todos los cargos sean elegidos por el voto libre y secreto de la ciudadanía; convocatorias abiertas para cualquier persona que tenga licenciatura en Derecho con promedio mínimo de 8 y 9 en materias afines al cargo; cartas de recomendación y ensayos que respalden su candidatura. Posteriormente, comités de evaluación seleccionarán perfiles con mayor preparación técnica, académica y profesional que destaquen por su honestidad y buena fama pública.
Vigilancia de la actuación de las y los juzgadores.- Plantea la creación del Tribunal de Disciplina Judicial como autoridad independiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrado por magistradas y magistrados electos por voto popular. Asimismo, facultades amplias para investigar la actuación de cualquier juzgador, incluyendo que sus resoluciones se apeguen a la ley, además de sanciones ejemplares que incluyen suspensión o destitución cuando demuestren fallas graves.
Evaluación del desempeño permanente.- Cada nueve años, las y los jueces y magistrados serán ratificados en el cargo mediante voto popular; además, serán evaluados durante el primer año de su encargo, y suspendidos o destituidos si no acreditan la evaluación. Tendrán la obligación de dar aviso y justificar demoras procesales ante el Tribunal de Disciplina, con posibilidad de sanción.
Austeridad republicana y transparencia.- Respetar y cumplir el mandato constitucional de que nadie puede percibir un salario mayor al de la o el presidente de la República. Igualmente, se eliminan haberes de retiro, pensiones vitalicias y privilegios al concluir el cargo, así como fideicomisos; éstos deberán reintegrarse a la hacienda pública para implementar la reforma y garantizar que los presupuestos de egresos de cada año contemplen todos los derechos adquiridos de las y los trabajadores.
Puntualizó que, de aprobarse esta iniciativa de reforma, para la renovación de los cargos del Poder Judicial se llevará a cabo un proceso electoral extraordinario, dividido en dos etapas:
El 1° de junio de 2025 se elegirá a la totalidad de ministros de la SCJN (nueve); integrantes del Tribunal de Disciplina (cinco), vacantes de la Sala Superior (dos), la totalidad de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) (15); la mitad de los magistrados de Circuito (450) y jueces de Distrito (380).
Cada Poder integra un Comité de Evaluación que verifica los antecedentes académicos, profesionales y las cualidades técnicas y éticas de las y los aspirantes; seleccionan los mejores perfiles y eligen mediante insaculación tres personas candidatas por cargo de ministro, magistrado electoral e integrante del Tribunal de Disciplina, y dos por cargo de magistrado de circuito o juez. Quienes son ministros, magistrados y jueces en funciones tendrán pase automático a la boleta.
Una vez que se lleve a cabo este proceso se dará paso a la elección popular, en la cual la ciudadanía saldrá a las urnas; en una boleta elegirá cinco hombres e igual número de mujeres para el caso de jueces y magistrados; para ministros la votación será por nueve (cinco mujeres y cuatro hombres); y para el Tribunal de Disciplina el sufragio será por cinco.
El Instituto Nacional Electoral (INE) será responsable de organizar, supervisar y fiscalizar la elección. Las campañas durarán dos meses; no se permitirá el financiamiento público ni privado, no obstante, habrá tiempos de radio y televisión y se promoverán foros de debate.
Ocuparán los cargos las personas más votadas y se alternará la asignación entre hombres y mujeres para garantizar la paridad de género. En caso de ausencia definitiva de alguna o algún ministro, magistrado o juez, ocupará su lugar la segunda persona más votada por el tiempo que reste el encargo. En la elección intermedia de 2027 el pueblo elegirá a las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF y a la mitad restante de magistrados de circuito y jueces de distrito.
Respecto a la supuesta sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, afirmó que se debe aplicar lo que establece la Constitución, y que, si la decisión del pueblo de México fue otorgar mayoría calificada para reformar el Poder Judicial, que se respete la voluntad popular.
Explicó que el artículo 54 de la Constitución establece dos reglas importantes: la primera, para que ningún partido político cuente con más de 300 personas diputadas por mayoría relativa y representación proporcional (plurinominales).
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La segunda, que, en ningún caso, un partido político pueda contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la cámara que exceda en ocho puntos al porcentaje que obtuvo en las urnas.
Recordó que el artículo 15 numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que para obtener la votación nacional emitida se debe restar a la votación total los votos nulos, los votos a favor de candidaturas sin registro y los votos de candidaturas independientes, y también de partidos políticos que no hayan obtenido por lo menos el tres por ciento, como en el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Derivado de lo anterior, la votación nacional total emitida en las pasadas elecciones fue de 55 millones 705 mil 598 votos. Ésta se divide entre las y los diputados plurinominales (200) para obtener el cociente natural.
En el caso de la elección federal pasada, 55 millones 705 mil 598, entre 200, hace un total de 278 mil 527, que es el cociente natural.
Abundó que en la Constitución se determina el número de diputados que se asignan a cada partido político, dividiendo su votación total entre el cociente natural.
En el caso del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), este partido obtuvo 24 millones 286 mil votos divididos entre el cociente natural, lo que resulta en 87 diputadas y diputados plurinominales que deben asignarse por representación proporcional.
El Partido de Acción Nacional (PAN) obtuvo 10 millones 49 mil votos; tras dividir entre el cociente natural le corresponden 36 legisladores plurinominales.
