La legislación específica sobre el derecho a la alimentación en México es una tarea pendiente del Congreso desde el 2011, año en el que se reformó la Constitución para reconocer el derecho de toda persona la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, según un documento realizado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El análisis sobre la Ley General de alimentación Adecuada y Sostenible, elaborado por la investigadora Concepción Torres Ramírez, señala que esta ley reconoce el derecho de las personas a una alimentación adecuada en todo momento, a disponer de alimentos para consumo diario y a tener acceso a alimentos inocuos y de calidad que satisfagan las necesidades fisiológicas en cada ciclo vital.
Además, ordena que las dependencias de gobierno realicen al menos el 15% de sus compras de alimento e insumos primarios a productores de pequeña y mediana escala.
Por otro lado, se prohíbe que los establecimientos comerciales desechen los alimentos que estén en condiciones de ser consumidos por los seres humanos.
De acuerdo con el estudio del IBD, la Ley General de alimentación Adecuada y Sostenible implica una reorganización institucional sin erogaciones adicionales de presupuesto y destaca que considera la participación de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en las definiciones referentes al derecho a la alimentación, por lo que parece viable su aprobación.
