En su Informe de Actividades, correspondiente al último año de la LXV Legislatura, integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, que preside la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, reconocieron “las penumbras” por las que atraviesan las y los migrantes que ingresan, transitan y, en algunos casos, se quedan en nuestro país.
La mayoría de las personas migrantes huyen de sus países de origen ante la falta de oportunidades laborales y educativas, por situaciones graves de inseguridad, conflictos armados, hambrunas, violencia social o, incluso, desastres naturales provocados por el cambio climático, detalla el texto.
A pesar de que en los dos últimos años se observó una disminución en los flujos migratorios, debido a la inmovilidad relacionada con la pandemia provocada por la COVID-19, indicaron los legisladores, poco a poco el fenómeno migratorio ha tomado su cauce anterior.
Por ese motivo, las y los senadores enfatizaron que es necesario continuar con el trabajo para proteger, a través de la revisión de nuestro marco normativo, los derechos humanos de las personas migrantes.
Consideraron que quienes participan en la toma de decisiones en materia migratoria deben seguir atentos a las necesidades que enfrentan nuestras hermanas y hermanos migrantes, puntualiza el informe.
“Migrar no es un delito, por el contrario, migrar es un derecho humano que tenemos todas y todos. La migración humana es una actividad milenaria que siempre ha existido y que seguirá existiendo, afectando casi sin excepción, a todas las comunidades del mundo, por lo que querer frenarla es imposible”.
En ese sentido, el Informe de Actividades detalla que durante el último año la Comisión recibió ocho iniciativas con proyecto de decreto y ocho propuestas con punto de acuerdo, de las cuales se dictaminaron dos iniciativas y dos propuestas, así como una minuta enviada por la colegisladora.
Entre los proyectos aprobados destaca uno que reforma la Ley de Migración para brindar mayor protección a niños, niñas y adolescentes contra el tráfico ilegal de personas, así como para incluir la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo a los funcionarios públicos que incurran en este ilícito.
La propuesta precisa que cuando el autor material o intelectual sea servidor público, además de la pena prevista para el tráfico ilegal de personas, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
