La Comisión de Anticorrupción y Transparencia, que preside el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, aprobó su programa anual de trabajo 2024-2025 con el que busca reforzar el Programa Nacional Anticorrupción (PNA) y el combate a la impunidad, a través de una legislación que plantea crear el Sistema Nacional de Recuperación de Activos.
De acuerdo con el programa de la comisión, la intención del sistema mencionado es construir el marco jurídico que fortalezca la colaboración para la identificación, recuperación y devolución de activos obtenidos a través de la corrupción.
En el documento, que da las pautas del trabajo del órgano legislativo, se describe que la visión de la comisión se orienta hacia la construcción de un marco institucional, donde la transparencia y la rendición de cuentas se erijan como cimientos de la gobernanza democrática.
En ese sentido, se impulsará la Ley de Certificación de Capacidades en Combate a la Corrupción, para establecer la obligatoriedad de certificación en las capacidades de fiscales, jueces y demás actores en materia de delitos por hechos de corrupción.
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Otra de las líneas de acción es la relacionada a la disminución de la arbitrariedad, mediante la profesionalización del servicio público, para lo cual se propondrá una reforma a la Ley del Servicio Profesional de Carrera, a fin de garantizar que los procesos de selección, capacitación y evaluación de servidores públicos se basen en criterios de mérito y desempeño.
Por otro lado, se legislará para realizar los ajustes necesarios en los formatos de declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos, conforme a lo estipulado en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para que se fortalezcan los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas mediante la estandarización y actualización de estos documentos, alineándolos con mejores prácticas internacionales.
En el programa anual de trabajo se destaca también la importancia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, para el control de la corrupción con la creación de un marco jurídico que formalice los mecanismos de contraloría social en todos los niveles de gobierno, así como una reforma para institucionalizar al parlamento abierto.
El fortalecimiento de la Ley de Contrataciones Públicas será otra de las tareas del órgano legislativo, a través de la promoción de prácticas de contrataciones abiertas a nivel nacional, además de la colaboración con otras comisiones, organismos autónomos y entidades públicas y privadas para la armonización de normativas en materia de anticorrupción y transparencia.
Destaca también lo relativo al impulso del desarrollo y adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la transparencia gubernamental, como portales de datos abiertos y sistemas de denuncias en línea.
