A efecto de establecer políticas públicas que permitan la inserción social de las personas que padecen alguna enfermedad mental o una adicción, el diputado José Mario Íñiguez Franco (PAN) impulsa iniciativa que adiciona la fracción III Bis al artículo 73 de la Ley General de Salud.
Se busca que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomenten y apoyen la realización e implementación de programas y políticas públicas para la integración e inclusión social plena y efectiva de las personas con trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas y de adicciones, con el fin de propiciar su autonomía e independencia.
El documento, enviado a la Comisión de Salud, expone que, en la actualidad, la salud mental debe ser atendida en todos los ámbitos de la vida de las personas, entre ellas su inclusión en la sociedad, la cual debe ser una parte relevante en las leyes, teniendo como fin que cuenten con las mismas oportunidades y derechos sin importar su condición.
Íñiguez Franco menciona que estudios en la materia han demostrado que la mayoría de las personas con discapacidad por razón de alguna enfermedad mental o adicción, son capaces de desarrollarse plenamente dentro de la sociedad, por lo que es relevante trabajar para que la inclusión sea una realidad, con el propósito de crear las bases para que se integren.
“Si bien, se han concretado avances importantes en este tema, es de reconocer que se ha dejado de lado la inclusión de las personas que padecen o han padecido algún trastorno mental o adicción, lo que ha propiciado que sean segregadas. Protegerlas frente a cualquier tipo de estigmatización y discriminación sigue siendo tarea pendiente”, agrega.
Refiere que la prevalencia anual de trastornos mentales y adicciones corresponde a casi una quinta parte de la población total del país, con un poco más de 127 millones de ciudadanos, y de acuerdo con el “Segundo Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones” las personas afectadas no presentan esos padecimientos en la misma intensidad; pueden ser leves en 33.9 por ciento de los casos, moderados 40.5 por ciento y 25.7 por ciento graves o severos.
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Los trastornos más frecuentes son depresión en 5.3 por ciento, seguido por consumo de alcohol 3.3 por ciento y trastorno obsesivo-compulsivo 2.5 por ciento. Además, la depresión y la ansiedad han hecho que el consumo de ansiolíticos se triplicara en los últimos años y los costos por la atención también han aumentado de forma alarmante.
Señala que si se considera la población total, se esperaría que 24.8 millones de personas presentaría algún trastorno mental al año; para la población no derechohabiente de seguridad social se estima que 13.5 millones presentarían algún trastorno, de los cuales 3.5 millones corresponderían a trastornos graves o severos, cifra que significa que el 5.1 por ciento de la población no derechohabiente presentará algún trastorno grave.
Expone que las estadísticas señalan que el aumento en trastornos mentales mal atendidos ha causado incremento en la discapacidad. “Las renuncias laborales, el ausentismo laboral y escolar son algunos de los costos de un sistema que no los incluye hacia una vida productiva”.
Subraya que a raíz de la pandemia del Covid-19, los trastornos mentales y las adiciones aumentaron considerablemente; el hacinamiento, el trabajo remoto, las pérdidas humanas, el distanciamiento físico, entre otros, fueron detonantes de esta realidad. Por ello, propone estos cambios para el desarrollo y plenitud de personas con algún trastorno mental o adicción.
