El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, reiteró su llamado a los integrantes del Poder Judicial, particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que actúen con responsabilidad y “pongan en orden a los trabajadores”, porque es muy grave que se hayan registrado agresiones en contra las y los jueces que decidieron regresar a sus labores.
Consideró que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que el Instituto Nacional Electoral continúe con la organización de la elección, por voto popular, de jueces, ministros y magistrados, ratifica que no hay ninguna autoridad que pueda detener este proceso electoral.
Durante una conferencia de prensa en las instalaciones del Senado, Fernández Noroña solicitó a los integrantes del Poder Judicial que hagan la tarea que les corresponde, porque “no hay poder sobre la tierra” que pueda detener la elección de personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025.
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Insistió en que con la iniciativa que suscribió con los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto López Hernández, en el Senado, y Ricardo Monreal Ávila, en la Cámara de Diputados, lo único que se busca es incluir en la Constitución Política el texto del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo.
Ello, aseguró el presidente de la Mesa Directiva, para dejar en claro que no procede el juicio de amparo cuando se trate de reformas constitucionales.
Gerardo Fernández Noroña confirmó que el dictamen sobre esta iniciativa no incluirá los cambios propuestos al artículo 1 de la Carta Magna; que será aprobado por las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos este miércoles.
Además, retó a cualquier jurista y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, para que demuestre en qué parte de la Constitución está establecido que el Poder Judicial puede revisar una reforma constitucional.
El senador asentó que nadie puede revisar una decisión del Constituyente Permanente, y la reforma constitucional sobre el Poder Judicial fue aprobada en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados por mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de sus miembros presentes, así como en la mayoría de los congresos locales.
Incluso, explicó Fernández Noroña, el artículo 136 de la Constitución establece claramente que el único que puede modificar “alguna cosa incorrecta en el marco constitucional es el soberano, que es el pueblo”.
Reiteró que el corazón de la discusión es la elección de las personas juzgadoras en junio de 2025, pero el Poder Judicial se niega a reconocer que ya es un mandato constitucional y que el pueblo tiene derecho a elegir a jueces, ministros y magistrados.
