Ciudad de México, agosto de 2025.– Ante el proceso iniciado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para determinar si en México esta práctica es generalizada o sistemática, especialistas instaron al Estado mexicano a mantener apertura al diálogo y a la cooperación internacional.
Luciano Hazan, exintegrante del CDF y del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, explicó que no debe sorprender la invocación, en abril pasado, del artículo 34 de la Convención Internacional en la materia, que podría llevar el caso a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Recordó que desde 2015 el Comité concluyó que existían desapariciones forzadas generalizadas en regiones específicas del país, y que México es actualmente el Estado con mayor número de acciones urgentes solicitadas por el CDF: 757 mecanismos para la búsqueda y protección de víctimas entre 2012 y el 18 de junio de 2025.
Hazan subrayó que, pese a visitas y recomendaciones —como la realizada por integrantes del CDF en noviembre de 2021—, el problema no ha disminuido. “Vimos un aumento y progresión de las desapariciones. Fue un gran hito estadístico, con fuerte impacto para las familias y la comunidad internacional, que se superaran las 100 mil desapariciones”, señaló.
El experto advirtió que la calificación de desapariciones forzadas “generalizadas o sistemáticas” podría implicar la comisión de crímenes de lesa humanidad, con consecuencias penales, políticas y diplomáticas.
Por su parte, Ximena Medellín, especialista en crímenes internacionales, definió la desaparición forzada como “el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por grupos que actúan con su autorización o aquiescencia, seguido de la negativa a reconocer la detención o de ocultar el paradero de la persona”.
Añadió que el calificativo de “generalizada” implica que se trata de una práctica masiva, frecuente y a gran escala.
