Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en lo general y en lo particular, una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el objetivo de endurecer el combate al lavado de dinero, ampliar la vigilancia sobre personas políticamente expuestas y permitir la participación de la Guardia Nacional en dichas tareas.
La minuta fue enviada por el Senado y fue considerada de urgente y obvia resolución, por lo que no fue discutida en comisiones. Fue avalada en lo general con 297 votos a favor de Morena y sus aliados, 37 en contra del PRI, y 91 abstenciones del PAN y Movimiento Ciudadano.
Durante la sesión, la votación se retrasó por fallas en el sistema electrónico, que se apagó en tres ocasiones debido a problemas con el servicio de internet, según informó la Mesa Directiva.
Críticas y respaldos
Desde la tribuna, legisladores de Morena celebraron la medida como un paso firme contra la impunidad y el crimen organizado. “Se cierra el paso al dinero sucio”, afirmó Karina del Río Zenteno (Morena), mientras que la diputada Maricarmen Bernal (PT) enfatizó: “Ni un paso más para la impunidad; ni un peso más para el crimen organizado”.
En contraste, diputados del PRI, PAN y MC alertaron sobre los riesgos de la reforma, especialmente por permitir a la Guardia Nacional funciones financieras y por ampliar el concepto de “personas políticamente expuestas”, lo que, señalaron, podría derivar en actos de persecución política contra opositores, dirigentes de partidos, familiares y allegados.
“Es para perseguir enemigos y proteger a los amigos”, advirtió Christian Castro Bello (PRI), sobrino del dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno.
Nuevas disposiciones
Con la reforma, se incluye una definición más amplia de las “personas políticamente expuestas”, que ahora abarcará no solo a funcionarios nacionales y extranjeros, sino también a sus socios, familiares y personas relacionadas, bajo lineamientos que establecerá la Secretaría de Hacienda mediante reglas generales.
Además, se incorpora la facultad de intervención de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que fue duramente criticado por la oposición.
Julio César Moreno Rivera (Morena) defendió la reforma como una herramienta contra prácticas de corrupción del pasado, como el Pemexgate, los financiamientos ilícitos a campañas políticas y el uso de empresas fantasma, citando como ejemplos a Vicente Fox, Francisco Labastida y Enrique Peña Nieto.
Tras el debate de las reservas —en el que participaron once oradores— y una vez restablecido el sistema de votación, la reforma fue aprobada en lo particular con 349 votos a favor, 91 abstenciones del PAN y MC, y 38 votos en contra, incluyendo a un legislador de Movimiento Ciudadano.
El dictamen será enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior entrada en vigor.
