El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, previó que después del próximo 8 de agosto estarán en condiciones de trabajar el proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial para incluir las conclusiones preliminares del Parlamento Abierto, a fin de que el producto final sea votado por la instancia legislativa y presentado a la nueva Legislatura para su consideración.
“Después del último foro, que será en Sinaloa el día 8 de agosto, estaremos en condiciones de trabajar sobre el proyecto de dictamen, y finalmente será la Comisión de función constitucional quien vote un dictamen (el cual) va a quedar en manos de la Mesa Directiva para que quede vigente a la siguiente Legislatura y pueda empezar a trabajar muy pronto desde que arranquen sus labores”, dijo.
En conferencia de prensa conjunta con la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández y el diputado Hamlet García Almaguer, ambos de Morena, Robledo Ruiz indicó que hasta ahora las conclusiones preliminares de los foros sugieren varios puntos importantes a considerar, como el cambio en el proceso de nombramiento que incluiría una ratificación por sufragio popular.
Así como, proteger los derechos de los trabajadores; la carrera Judicial y elección popular; separación de la administración y la vigilancia de la disciplina del Poder Judicial Federal en un tribunal de disciplina, el cual revisaría, fiscalizaría, investigaría y sancionaría a los jueces y magistrados.
Agregó que también se busca la participación de académicos, universitarios, abogados del foro, investigadores y otras personas calificadas fuera de los tribunales, reconociendo que la experiencia relevante puede adquirirse también fuera de la Judicatura.
Además, añadió, se planteará una reforma integral de justicia que incluya mejoras en los ministerios públicos, las policías de investigación y la defensoría pública y la importancia de establecer bases mínimas de conducta ética para la abogacía.
El diputado dijo que se propondrá la necesidad de vincular la responsabilidad de los tribunales con la seguridad pública, reconociendo la importancia de los derechos humanos y la seguridad pública como valores fundamentales.
Mencionó que en el próximo foro en la materia, mañana en Xalapa, Veracruz, se abordará la separación de funciones dentro del Poder Judicial Federal, con la participación de diversos ponentes, incluyendo miembros del Poder Judicial, litigantes y legisladores. “La idea es llegar a un pliego de conclusiones que permita mejorar el dictamen que está en proceso de elaboración”.
Por su parte, el diputado Hamlet García Almaguer consideró que la iniciativa es acertada, al establecer que Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sea quien califique la elección de nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); cinco del Tribunal de Disciplina y cinco del órgano administrativo.
Agregó que el Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de organizar la elección de las y los ministros de dichos órganos.
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“Son dos etapas claramente diferenciadas en la reforma del Presidente de la República. La iniciativa no toca los asuntos de estructura orgánica ni de facultades de la Sala Superior, simplemente son métodos de elección, pero con mucho gusto vamos a recoger sus opiniones de manera formal, aunque sí son dos etapas muy claras desde la propia iniciativa”, subrayó.
Hizo hincapié en la falta de paridad de género dentro del Poder Judicial, subrayando que es fundamental incluir más mujeres en este sector para asegurar una representación equitativa. Explicó que la iniciativa busca sensibilizar al cuerpo judicial sobre esta problemática y promover cambios estructurales necesarios.
La diputada aclaró que «lo que busca esta iniciativa es la sensibilidad del cuerpo judicial y es una reforma al Poder Judicial, no una reforma de justicia, en donde obviamente tendría que entrar la procuraduría, los cuerpos policiales como primeros respondientes en el tema del ámbito penal, que es el que más prioriza la ciudadanía».
Respecto al diálogo entre poderes, Girón Hernández subrayó que «el proceso ha implicado dos años de trabajo para integrar las voces y perspectivas del Poder Judicial en las modificaciones planteadas.»
Reiteró que «la reforma es una respuesta a las demandas de la ciudadanía mexicana, manifestadas en las urnas el 2 de junio, y que busca fortalecer la cercanía del Poder Judicial con los ciudadanos.»
Por otro lado, consideró que no hay una confrontación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, pero subrayó que “el 2 de junio fue definitivo para entender que no es una situación de poderes, sino el poder más importante del país, que es el pueblo de México.
“Es quien demanda esta reforma judicial, no somos los legisladores de un grupo parlamentario. Es la voz de la población que ha decidido sumarse a este proyecto y decir sí a una reforma porque se requiere”, expresó.
