Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su iniciativa para expedir la Ley reglamentaria de la reforma constitucional que disolvió al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transfirió sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La propuesta busca hacer más eficiente el uso de los recursos públicos y mejorar la eficacia de los procesos relacionados con la medición de la pobreza y la evaluación de la política de desarrollo social.
En su exposición, Sheinbaum destacó que la reforma tiene como objetivo garantizar una transferencia de funciones efectiva, sin comprometer la autonomía del Inegi ni la calidad de su labor técnica. Subrayó que la nueva legislación, que implica reformas a la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, está alineada con los principios de eficiencia, austeridad, transparencia y racionalidad del gasto público.
La presidenta también resaltó que la creación del Coneval, en el marco de la política neoliberal, no había considerado la existencia de múltiples organismos con funciones similares, lo que generó dispersión de recursos y duplicidad de tareas. La simplificación orgánica que propone la reforma busca fortalecer la capacidad del Estado para evaluar el impacto de la política social de manera objetiva y unificada, utilizando el Inegi como el organismo especializado en la generación de información estadística y geográfica.
Entre los puntos clave de la propuesta, se encuentran la creación de un Colectivo Interdisciplinario para mejorar el sistema de pensiones del ISSSTE y la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), buscando una mayor transparencia en los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento de los docentes. Además, se plantea que el Inegi se encargue de la medición de la pobreza con una periodicidad mínima de cada dos años a nivel estatal y cada cinco años a nivel municipal.
El Inegi también tendrá la responsabilidad de establecer lineamientos y criterios técnicos para la evaluación de la política de desarrollo social, garantizando que las evaluaciones sean sistemáticas, objetivas y eficaces. Además, se identificará y atenderá a las zonas de mayor vulnerabilidad a través de la delimitación de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).
La iniciativa, que ya ha sido turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, será discutida en un primer período extraordinario de sesiones, previsto para llevarse a cabo del 9 al 17 de junio.
