Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos iniciaron la discusión del dictamen que busca reformar los artículos 105 y 107 de la Constitución Política, para establecer que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Carta Magna.
El proyecto que se analiza por los órganos legislativos que presiden Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza Cázarez, también establece que no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política.
Con las modificaciones, se precisa en el dictamen, se busca clarificar, “para quienes hoy estiman que una reforma constitucional es impugnable”, que el actual sistema constitucional mexicano no contempla esta posibilidad.
En el documento se destaca que se modificó la iniciativa inicial, por lo cual se omitió del dictamen la reforma que los proponentes habían planteado para modificar el artículo 1 de la Constitución Política, y la cual planteaba que:
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“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero que en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad”.
Lo anterior, con la finalidad de no desvirtuar la naturaleza jurídica y la aplicabilidad del sistema convencional de protección de derechos humanos. Además de que con las modificaciones a los artículos 105 y 107 se cumple con el objetivo del proyecto.
De la misma forma, en el proyecto se subraya que resulta innecesaria la adición al artículo 103, que establecía que “quedan exceptuadas de lo dispuesto en las fracciones anteriores, las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra las que no cabe juicio o recurso alguno, en ningún caso”.
Ello, en virtud de que la ley reglamentaria ya contiene una previsión expresa como causal de improcedencia del juicio de amparo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, afirmó que no habrá “albazos” en la aprobación de la reforma a debatir, porque “los albazos se murieron con el viejo régimen”.
Por Morena, Saúl Monreal Ávila, afirmó que esta reforma no obedece “a un pleito” con el Poder Judicial, sino a que “ningún poder constituido puede estar por encima del poder constituyente permanente”, lo que significa que el Poder Judicial no puede estar por encima del pueblo mexicano cuando éste decide modificar la Constitución.
Ricardo Anaya Cortés, del PAN, celebró haber dado marcha atrás a la reforma al artículo primero constitucional, pero señaló que con la inimpugnabilidad queda de manifiesto el “pleito” que se trae la mayoría con el Poder Judicial.
Por el PRI, Claudia Edith Anaya Mota, se congratuló de que se haya modificado el artículo primero, pues dijo, era una manifestación explícita de que se quiere salir del sistema interamericano de derechos humanos.
El senador Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, lamentó que, a pesar de que las modificaciones propuestas en esta iniciativa ya se contemplan en la Ley de Amparo, hay juzgadores que interpretan la Constitución Política “a su conveniencia”.
Del PT, el senador Alejandro González Yáñez explicó que la propuesta busca reafirmar y reforzar lo que ya dice la legislación actual, con el propósito de inhibir interpretaciones “sesgadas” que algunas personas y juzgadores llevan a cabo.
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, criticó “el desaseo” legislativo que se está haciendo para desahogar este proyecto, porque sólo se les dio una hora para analizar el dictamen.
