Ciudad de México.– La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, reconoció ante la Cámara de Diputados que las obras del Tren Maya provocaron daños en al menos ocho cavernas y cenotes en el tramo 5 de la ruta, e informó que su dependencia trabaja en la regularización ambiental del proyecto.
Durante su comparecencia ante las comisiones de Medio Ambiente y de Cambio Climático, la funcionaria explicó que desde octubre del año pasado se evalúan los permisos ambientales de los siete tramos del tren y sus 28 obras asociadas.
“Ya estaba el tren cuando llegamos. No podemos decir que no lo queremos. Ahí está. Lo que hemos hecho es evaluar los permisos que tiene y los que no, para que se regularice la obra”, señaló Bárcena.
La titular de la Semarnat detalló que existe un grupo interinstitucional integrado por su dependencia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la empresa a cargo del Tren Maya —administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional—, que realiza reuniones semanales para revisar avances, permisos faltantes y condicionantes ambientales.
Añadió que se cuantificaron áreas de reforestación para compensar los daños y que se trabaja para lograr el cumplimiento del 95% de las condicionantes de impacto ambiental.
Durante la sesión, el diputado priista Samuel Palma César citó un análisis satelital que documenta la deforestación de 6 mil 659 hectáreas por obras del Tren Maya, y señaló que 61% de las áreas ocupadas carecen del debido permiso de cambio de uso de suelo forestal.
El legislador también denunció la tala de más de 3.5 millones de árboles en el tramo Cancún–Tulum y 2.6 millones más en el tramo Tulum–Chetumal, además de otros 2.6 millones señalados por Greenpeace.
“¿Cómo puede esta secretaría avalar que un proyecto federal arrase selvas, humedales y manglares sin sanción? ¿Se revertirá alguna obra o se exigirá restauración inmediata?”, cuestionó.
Diputados del PAN preguntaron a la secretaria su postura respecto a la reciente reforma a la Ley de Amparo, que podría limitar la participación de ambientalistas al exigirles demostrar “interés legítimo” en los procesos judiciales.
Bárcena respondió que el tema está en manos del Congreso:
“En materia del interés legítimo y de los intereses difusos, como los del medio ambiente, la palabra la tienen ustedes”.
La funcionaria comentó que conversó con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para plantear que la reforma “debe tener un beneficio cierto” y confió en que la Suprema Corte pueda interpretarla a favor de los defensores ambientales.
Bárcena informó además que la Profepa clausuró las instalaciones de la empresa Zinc Nacional tras detectar niveles críticos de mercurio, plomo, cadmio, zinc y arsénico en suelo y aire. La compañía deberá cumplir un plan integral de remediación y compensación, pese a que genera tres mil empleos.
“Nuestra intención no es clausurar empresas por todo México, pero sí exigir que remedien los daños. Si no pueden, entonces sí cerrar”, puntualizó.
Finalmente, la secretaria adelantó que su dependencia trabaja en una reforma integral a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente desde 1996, pues solo ha tenido “cambios pequeños y marginales”.
