El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, informó que en las próximas semanas presentará en el Senado de la República una iniciativa para expedir la Ley General para Investigar y Sancionar los Delitos por Hechos de Corrupción, la cual “marcará un antes y un después, la manera en que enfrentamos este mal social”.
“Hemos terminado de delinear una propuesta legislativa, que en las próximas semanas terminaremos de afinar con distintos actores”, expresó el senador durante la presentación del informe y cambio de presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Dijo que la propuesta integra criterios, establece bases de autonomía, coordinación, perfiles de fiscales verdaderamente anticorrupción, un catálogo único de delitos y penas, un mecanismo de alertadores y denunciantes; y un capitulo para la recuperación de activos.
Aunado a ello, subrayó que también presentarán una serie de iniciativas para elevar a rango constitucional el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción y a una buena administración pública.
En la lucha anticorrupción, destacó, el papel del Poder Legislativo es fundamental, pues dicho mal se debe combatir con acciones concretas, pero también con marcos normativos sólidos. “Necesitamos leyes que le cierren las puertas a la impunidad, que fortalezcan nuestras instituciones y que garanticen mecanismos eficaces de prevención, investigación y sanción”, agregó.
Sin embargo, señaló, que sea cual sea el diseño institucional, sin la participación activa de la ciudadanía, cualquier acción, estrategia, legislación o esfuerzo estará incompleto, ya que, si la sociedad no tiene mecanismos ni herramientas para incidir, denunciar, vigilar y participar, el problema persistirá, por lo que es fundamental perfeccionar y abrir más canales para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a exigir gobiernos honestos, íntegros y eficientes.
Corral Jurado refirió que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza una firme, irrenunciable y decidida estrategia para erradicar este problema estructural, y ha dejado claro que la corrupción no es un problema menor, sino una de las principales barreras para el desarrollo y bienestar de las y los mexicanos.
Puntualizó que el cambio de presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción representa una oportunidad para vigorizar fuerzas y trazar nuevas estrategias.
Al hacer uso de la palabra, la secretaria de Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, se pronunció por prevenir la corrupción, sin embargo, destacó que aún falta mucho por hacer en la materia.
“Queremos meterle mucho a la parte preventiva, donde viene la parte de los mecanismos y los controles. Tenemos que cambiar los mecanismos, las normas, los tiempos, los procedimientos; no se vale que la gente tenga guardado un expediente, que lo retrasen, que no resuelvan y duren años con él. Se tiene que cambiar eso, lo tenemos que exigir como sociedad”, sentenció.
En tanto, la presidenta entrante del Comité de Participación Ciudadana, Vania Pérez Morales, aseguró que tiene el firme compromiso para contribuir en la prevención, detección y sanción de la corrupción, así como a construir instituciones sólidas y transparentes que respondan a las exigencias del pueblo de México.
Refirió que, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la corrupción en los trámites públicos asciende a más de 11 mil millones de pesos anuales. En su conjunto, advirtió, este problema representa cinco por ciento del Producto Interno Bruto del país, es decir, una pérdida de más de 500 mil millones de pesos al año.
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No podemos permitir que la corrupción continúe secuestrando el futuro del campo, la salud, la educación, el acceso a los derechos, por ello, es imprescindible fortalecer los mecanismos de prevención, detección, y que se garantice el resarcimiento del daño de las víctimas y la recuperación del activo.
Al presentar el informe del Comité, la presidenta saliente, Magdalena Rodríguez Castillo, manifestó que hoy se cuenta con un Sistema Nacional Anticorrupción fortalecido que tiene un firme compromiso con la integridad, la transparencia y la mejora continua en la lucha contra la corrupción, “reafirmando la importancia de la participación ciudadana en la construcción de instituciones más sólidas y confiables”.
Por su parte, Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, propuso que para mejorar los trabajos de esa dependencia, su marco normativo “debe responder a los nuevos tiempos” e incluir tipos penales adecuados y actuales; también consideró pertinente dar capacitación especializada en esta materia a las fiscalías y que los impartidores de justicia juzguen “con perspectiva de corrupción”.
Natalia Téllez Torres Orozco, presidenta de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sugirió incrementar la cantidad de mujeres encargadas de impartir justicia, pues su perspectiva, sostuvo, puede ser muy útil para combatir la corrupción, además de que esta población “es más propensa a sufrir” los efectos de esas malas prácticas.
