El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los cinco personajes de México con mayor riqueza argumenten de manera pública sobre el contenido de la reforma al Poder Judicial, la virtual conformación de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados y si debe interpretarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico Estado de derecho y que hagamos el compromiso de desterrar la corrupción y la impunidad y que ellos nos den su opinión”, expresó.
El mandatario explicó que la Cuarta Transformación pretende reformar el ámbito judicial con el objetivo de impartir justicia a todas las personas; sin embargo, se oponen a este propósito representantes del sector empresarial y financiero que históricamente han obtenido beneficios del sistema corrupto.
“Que se aclare que no todo el que tiene es malvado. No estamos en contra de quienes con esfuerzo, trabajo, de conformidad con la ley, logran un patrimonio. Nosotros estamos en contra de la riqueza mal habida y de la corrupción porque la corrupción es el principal problema de México; era, todavía no hemos terminado de limpiar al país de corrupción”, acotó.
En conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo llamó a hacer pública la postura de Carlos Slim Helú; Germán Larrea Mota Velasco; Ricardo Salinas Pliego; de la familia Baillères y María Asunción Aramburuzabala.
“Carlos Slim, quiero su opinión; no al presidente, al pueblo de México. Y no hace falta consultar abogados. Él es muy inteligente y tiene juicio práctico, sentido común que es a veces el menos común de los sentidos. Que nos diga qué opina, si está bien que las organizaciones a las que él pertenece estén solicitando que se viole la Constitución, si eso es éticamente correcto, si ese es el México que queremos para nuestros hijos, nuestros nietos, para las nuevas generaciones. Que siga la simulación, que siga predominando el Estado de chueco, el Estado de cohecho, no un auténtico Estado de derecho”, enfatizó.
“Que se sinceren, lo peor es la hipocresía. (…) Yo se los estoy pidiendo de manera respetuosa y no me doy por atendido. Quiero una respuesta, además, con todo el derecho a decir: ‘no quiero opinar’ o ‘no tengo por qué dar a conocer lo que pienso’ y se respeta, pero ya no andemos por las ramas. Directo porque está muy claro”, remarcó.
Secretaría de Gobernación desmiente rumores de reforma al Poder Judicial y supuesta sobrerrepresentación legislativa
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Respecto al contenido de la reforma al Poder Judicial y la supuesta sobrerrepresentación del movimiento de transformación en la virtual conformación de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, dijo que el debate de ambos temas gira en torno a falsedades y rumores, por lo que ofreció una nueva explicación.
Puntualizó que la reforma al Poder Judicial consiste en:
Instaurar el método democrático para elegir a ministros, magistrados y jueces a través del voto libre y secreto de la ciudadanía. Se realizarían convocatorias abiertas para quienes tengan licenciatura en derecho con promedio mínimo de 8 y de 9 en materias afines al cargo, cartas de recomendación y ensayos que respalden su candidatura. Los comités de evaluación seleccionarían a los perfiles con mejor trayectoria y preparación que destaquen por su honestidad.
Crear un órgano que vigile la actuación de juzgadores denominado Tribunal de Disciplina Judicial como autoridad independiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integrado por magistrados electos por voto popular, quienes tendrían facultades amplias para investigar la actuación de cualquier juzgador, incluyendo que sus resoluciones se apeguen a la ley. Podrían aplicar sanciones ejemplares como la suspensión o destitución cuando muestren falta de probidad.
Evaluar el desempeño de los juzgadores para que cada nueve años sean ratificados en el cargo mediante el voto popular. Jueces y magistrados electos deberán ser evaluados en el primer año en el encargo y podrían ser suspendidos o destituidos por mal desempeño. Tendrán la obligación de dar aviso y justificar demoras procesales ante el tribunal de disciplina con posibilidad de sanción.
