Con la mayoría calificada de 353 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que modifica la naturaleza jurídica de “empresas productivas del Estado” por “empresas públicas del Estado”.
La reforma al párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política, precisa que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad.
Añade que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas, como el litio y el servicio de Internet que provea el Estado.
Puntualiza que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tendrán como objetivos asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca.
Determina que el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación.
Ello, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo cual establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales.
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura, que deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal e incluye diversas propuestas impulsadas por diputadas y diputados, precisa que las concesiones en radiodifusión y telecomunicaciones serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
En los transitorios destaca que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones que resulten necesarias a las leyes secundarias correspondientes, en los términos de éste.
Además, se derogan los artículos transitorios del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 que se opongan a las disposiciones del presente decreto.
Se priorizan políticas para la transición energética
El presidente de la Mesa Directiva, diputado Sergio Gutiérrez Luna, al leer un resumen del dictamen, detalló que éste faculta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para otorgar concesiones en materia de radio y telecomunicaciones, y prohíbe el otorgamiento de concesiones cuando se trata de litio.
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Se prioriza el establecimiento de políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales. Señala que no se considerará como monopolio las funciones que ejerce el Estado cuando se trate del litio y de servicios de internet provistos por el mismo.
Para la discusión en lo particular, expresó Gutiérrez Luna, los grupos parlamentarios reservaron la totalidad de los artículos del proyecto de decreto.
