Buenos Aires. Un tribunal federal en Argentina ordenó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho condenados por corrupción pagar, en conjunto, una suma de 535 millones de dólares, como parte de la sentencia por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales durante su gobierno (2007–2015).
La decisión judicial forma parte del fallo que en junio pasado condenó a Fernández a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua. La resolución no detalla cuánto corresponde abonar individualmente a cada uno de los involucrados, pero sí establece que el monto total debe ser depositado en una cuenta del Banco de la Nación Argentina en un plazo de 10 días hábiles.
De no cumplir con la orden, el tribunal procederá al decomiso y subasta de los bienes embargados a los implicados. Entre estos activos se identificaron cuentas bancarias, inmuebles, campos y sociedades empresarias, según la acusación fiscal.
Las defensas de los condenados, incluida la de la ex presidenta, cuestionaron el monto fijado y anunciaron que apelarán la resolución. El caso aún puede ser elevado hasta la Corte Suprema de Justicia, mientras el fallo no quede firme.
Los abogados de Fernández reiteraron que el proceso judicial —al que califican como parte de una estrategia de persecución política o “lawfare”— careció de pruebas suficientes y aseguraron que se trata de una maniobra para inhabilitarla políticamente.
La ex mandataria continúa en libertad mientras avanza el proceso de apelaciones.
