Un grupo de expertos en derechos humanos pide al gobierno de Nicaragua que deje de “perpetrar detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas”, que “libere a todas las personas que siguen detenidas arbitrariamente” y que investiguen las violaciones de derechos humanos”.
Los relatores dicen que tras las protestas de 2018 y aún hoy se observa “un patrón claro y deliberado por parte de las autoridades nicaragüenses para eliminar y silenciar a las voces disidentes”. También resaltaron que incluso las salvaguardias legales más básicas, como el acceso a un abogado, a un médico o a medicamentos, y las visitas familiares, suelen ser negadas.
“A medida que pasa el tiempo, las condiciones de aquellas personas que siguen detenidas se deterioran aún más”, señalaron.
Desde 2021, al menos 427 arrestos han sido registrados. El Gobierno ha ampliado esta persecución a cualquier persona percibida como opositora, incluso sin vínculos directos con actividades políticas.
