La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos presentó este miércoles su informe sobre la cooperación técnica en Colombia y destacó algunos avances al respecto.
El director de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica de la Oficina en el país, Christian Salazar Volkmann, destacó los avances en las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz para abordar los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado.
“Las primeras sentencias de la JEP serán determinantes para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición”, dijo a este respecto.
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Salazar destacó que, a pesar de la disminución de algunos indicadores de violencia en 2023, el control social y territorial de grupos armados y organizaciones criminales “siguen afectando los derechos de la población civil en distintas zonas del país”.
En 2023, la Oficina verificó 105 casos de homicidios de personas defensoras. Además, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, recibió ya 98 alegaciones de homicidios de personas defensoras que está verificando.
“Observamos que esta violencia afecta en particular a miembros de Juntas de Acción Comunal, autoridades de pueblos indígenas y afrodescendientes y personas que defienden el territorio, la tierra y el medio ambiente”, apuntó Salazar.
La Oficina recomienda que se impulse una “reforma profunda” del modelo de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos en la que ellos participen.
