Fabricantes de armas estadounidenses están planeando solicitar a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga en una demanda interpuesta por el gobierno de México, que busca responsabilizarlos por supuestamente facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga a través de la frontera.
Esta demanda, que asciende a 10 mil millones de dólares, fue presentada en 2021 y México alega que las empresas contribuyeron a la violencia armada en el país mediante el diseño, comercialización y distribución de armas de asalto de estilo militar de maneras que apoyarían a los cárteles de drogas.
México estima que más de 500,000 armas se trafican anualmente desde Estados Unidos a México, con más del 68% fabricadas por las empresas demandadas, que incluyen a Smith & Wesson Brands, Sturm, Ruger & Co, Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
El recurso para que la Corte Suprema escuche el caso fue revelado por un abogado de Smith & Wesson Brands durante una audiencia judicial virtual, luego de que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, revocara la decisión de un juez de desestimar el caso el mes pasado.
El gobierno mexicano sostiene que el contrabando de armas ha contribuido a altas tasas de muertes relacionadas con armas, a una disminución de la inversión y la actividad económica, y a la necesidad de gastar más en seguridad pública. Por otro lado, los fabricantes de armas niegan las acusaciones.
La apelación de los fabricantes de armas se centraría en si los reclamos de México están prohibidos por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Fuego (PLCAA), que brinda amplia protección a los fabricantes contra demandas por el uso indebido de sus productos.
La Corte del Primer Circuito señaló que, si bien la PLCAA puede aplicarse a demandas de otros países, el caso de México «alega plausiblemente un tipo de reclamo que está legalmente exento de la prohibición general de la PLCAA».
